El Instituto Provincial de Juegos y Casino de Mendoza solicitará que le reintegren dinero

Apunta a asegurar el reintegro al Estado de esa cifra, considerada en el fallo 16.575 del Tribunal de Cuentas, como “sobreprecios” pagados indebidamente durante 2013.

Todo indica que en los próximos meses el organismo de control adoptará fallos similares sobre los años 2014 y 2015. Y estos elevarían la cifra reclamada en unos $ 8 millones más.

Al parecer la empresa, que cuenta con dos años más de contrato, respondería favorablemente al requerimiento. Su sede está en Luján y sus dos principales socios son Gustavo Adrian Pardo y Cristian Adolfo Méndez.

La decisión del Tribunal de Cuentas señaló uno de los años de gestión del directorio integrado por Carlos Bianchinelli (actual diputado provincial del PJ e integrante del sector Azul cercano a Alejandro Bermejo) y Federico Domínguez (ex letrado de la Municipalidad de Las Heras, del sector de La Corriente cercano al actual diputado nacional Rubén Miranda).

El tercer integrante de ese directorio fue Miguel Bondino, ex ministro de Seguridad de Julio Cobos y representante propiciado por el actual gobernador, Alfredo Cornejo, por entonces presidente del Comité Provincia de la UCR.

En el Instituto se iniciará también hoy un sumario para determinar los responsables políticos de las órdenes que posibilitaron el pago de los sobreprecios.

El Tribunal de Cuentas no hizo consideraciones políticas y apuntó directamente contra los firmantes de los documentos que permitieron esos pagos. Decidió “formular cargo a Carlos Cardone, coordinador de Administración y Servicios y a Gonzalo Javier Jerez, contador general, en forma solidaria, por la suma de $ 3,8 millones”. Y los emplaza “en 30 días a contar desde su notificación para que depositen dicha suma en el Banco de la Nación Argentina”.

También “pone en conocimiento al fiscal de Estado, Fernando Simón”, el responsable del inicio de acciones judiciales ante incumplimientos.

Asimismo menciona a un tercer responsable: Alejandro Sabino, un ex gerente administrativo hoy fallecido. Su hijo actualmente cumple tareas en el área de la presidencia del Casino y -según el fallo- podría enfrentar una responsabilidad solidaria.

Para encontrar antecedentes similares en un fallo que condene a pagar cifras millonarias a responsables operativos del funcionamiento del Estado, hay que remontarse a los casos Vale Más (durante la gobernación de Cobos) y UFI (durante la de Pérez).

La resolución fue firmada por Mario Francisco Angelini a cargo de la presidencia del tribunal, Francisco José Barbazza y Héctor David Caputto.

En los últimos meses el Tribunal de Cuentas instaló dos profesionales en el Casino, y las actuales autoridades les han ofrecido una oficina para que realicen sus tareas de control.

La revisión que realizaron sobre las planillas de control horario del personal de limpieza les permitió confirmar que las horas hombre facturadas Masterfull (y abonadas por el Casino) fueron superiores a las efectivamente trabajadas por el personal.
Y detectaron irregularidades en la facturación de las “horas máquina” declaradas.