El Casino de Mendoza perdió más de U$S 630.000 por una protesta de los empleados

De acuerdo con Canale, en declaraciones publicadas por MDZ Online, los acampantes se encargan de "disuadir a la gente para que no entre", es por esto que ya están evaluando medidas para solucionar dicho conflicto.

Fuentes allegadas al IPJyC revelaron que aproximadamente el Casino central recauda $ 20 millones mensuales (neto, una vez que se ha descontado el dinero destinado a premios) y toda la provincia recauda aproximadamente entre $ 45 millones y 50 millones mensuales.

De acuerdo con dichos datos, un 50% menos en cantidad de visitas habría significado durante el primer mes de protestas al menos $ 10 millones menos, sólo en la sede central. Cabe recordar que el IPJyC es uno de los principales entes recaudadores de la provincia, luego de la Administración Tributaria de Mendoza (ATM). Igualmente, aclararon que los números pueden variar de acuerdo a las temporadas.

Por su parte el titular del sindicato Unión Personal Juegos y Casinos (UPJyC), Martín Caín, comentó que este 29 de febrero se cumplió un mes desde que instalaron la medida de acampe para reclamar por la incorporación de los 80 despedidos y de la validación del convenio colectivo de trabajo.

En cuanto a las declaraciones de Canale, Caín consideró que el casino tiene cinco ingresos, por lo que el acampe no obstaculiza el ingreso al mismo y comentó que, por el contrario, muchos de los que asisten conocen a los trabajadores despedidos, pero igualmente ingresan.

El gremialista apuntó a la nueva administración por cualquier merma en la recaudación. "Si no hubo gestión fue porque se dedicaron a la discriminación sindical y no han tenido tiempo", consideró.

Caín agregó que de los más de 80 despedidos, la mayoría se encargaba de "Casino Plus", el área que trabaja en la marca "Casino de Mendoza". Otros trabajaban en las cajas o en el mantenimiento, por lo que consideró que su ausencia podría significar una merma en los ingresos de la institución.

Otro de los reclamos del gremio responde tanto a la ley 6362, como al convenio que los empleados buscan validar, y es que el directorio esté integrado por un representante de los trabajadores, que podría revocarse cada dos años, a fin de evitar que los cambios de gobierno cambien totalmente las pautas de los trabajadores.

La institución debería tener, además, a un representante de la oposición en su directorio, pero luego de la renuncia de Federico Domínguez y Carlos Bianchinelli, dicho puesto quedó vacante.