La realización del proyecto BCN World requiere consenso político

Además, el plan director urbanístico del Centre Recreatiu i Turístic (CRT) de Salou y Vila-seca, donde está previsto el macrocomplejo, está estancado en la fase de aprobación inicial. Eso genera incertidumbre, incluso en los tres grupos inversores que aspiran a las licencias: Melco, Hard Rock y Grup Peralada.

“BCN World está paralizado porque así lo establece el pacto firmado por JxSí y la CUP, pero eso no quiere decir que esté enterrado definitivamente”, afirma el nuevo delegado del Govern en Tarragona, el republicano Òscar Peris.

ERC tiene ahora más control sobre este proyecto. Oriol Junqueras es el nuevo conseller de Economia de la Generalitat y, por tanto, el presidente del consorcio del CRT. Sustituye en el puesto al convergente Andreu Mas-Colell. Este organismo, del que también forman parte representantes de los ayuntamientos de Salou y Vila-seca, es clave para el desarrollo de BCN World. Tiene la última palabra para aprobarlo, sin su visto bueno no podría salir adelante.

Peris no descarta que se lleve a cabo, aunque considera que todavía se tiene que “pulir” y necesita “ampliar consenso e implicar al máximo de sensibilidades”. Eso sí, advierte de que los casinos representan un modelo “contrapuesto” al actual.

ERC siempre se ha mostrado muy crítica con el macrocomplejo de casinos, hoteles y tiendas previsto junto a PortAventura. El republicano Josep Andreu, alcalde de Montblanc y presidente de la Associació de Municipis per la Independència, manifestó recientemente en TAC 12 que BCN World está finiquitado; y el grupo municipal de ERC en el Ayuntamiento de Salou fue el único, junto a Guanyem, que no votó a favor de una moción para instar al Parlament a que no lo paralice.

Entretanto, la CUP se mantiene firme. “El acuerdo que nos planteó JxSí dice que se creará una comisión formada por JxSí y CUP para debatir este asunto. Y que mientras no haya consenso por las dos partes, el proyecto no seguirá su tramitación. Por tanto, como nosotros no modificaremos nuestro posicionamiento contrario, estamos ante una moratoria de facto durante 18 meses”, explica Sergi Saladé, diputado cupaire por Tarragona.