En todo el Estado de Baja California operan unos ocho casinos de manera ilegal, aseguró el empresario de apuestas Jorge Hank Rhon, tras ser consultado sobre lo sucedido con el Casino del Boulevard 2000, que fue clausurado por el Ayuntamiento de Tijuana. El empresario aceptó que la sala que operan en ese Estado no contaba físicamente con el permiso correspondiente para contar con un anuncio exterior, y dijo que esperan abrir nuevamente el casino en unos pocos días.
“A nosotros nos cerraron un casino porque no teníamos un permiso físicamente allí, en la sala, y ese fue nuestro error. Se requieren de muchas cosas (permisos): uso de suelo, remodelación, puesta en marcha, el de la Segob, alimentos y bebidas, show en vivo... Era un permiso para un letrero que tenemos afuera, pero confío que en unos días ya estará nuevamente abierto", reconoció el ejecutivo.
Sobre las revisiones que se han dado en los casinos, consideró que "quizás fue en respuesta a nuestro pedido, desde hace ya mucho tiempo, de que nos hagan el favor de revisar todos los permisos que existen en el país, pero sobre todo en Baja California”.
“En Mexicali -agregó-, pasamos de no contar con más que tres o cuatro salas, a tener ahora unas quince -muchas de ellas ilegales-. No tenemos inconvenientes en que venga la competencia, pero que venga de forma decente, que sea pareja y pretendemos que aquellos que no estén parejos en los requerimientos y obligaciones, sean sancionados".
Hank Rhon destacó que hoy por hoy, en México no sólo los casinos cuentan con slots, ya que una amplia variedad de locales en distintos puntos de la ciudad de Tijuana operan máquinas. “Este tipo de lugares -subrayó- se han convertido en una plaga, y de los cincuenta establecimientos que han ubicado, su capacidad varía y algunos tienen hasta diez y doce maquinitas en operación”.
El empresario detalló que estos espacios no tienen ningún permiso y operan “como si nada: se trata de competencia desleal e ilegal, ya que no responden a nadie. Si un apostador llega y pierde su dinero, pues bien perdido lo tiene, porque no le responden a nadie y no hay quien responda por esas operaciones”. Hank Rhon argumentó que el asunto de las máquinas es un problema entre autoridades, porque no saben a quién le toca atacarlo el tema: si a las autoridades municipales, estatales, federales o a la PGR”.
"De repente llegan, y no hay peritos que sepan determinar si una máquina es legal o ilegal. Hay que tener cuidado, porque en muchos lugares de la República llegan, decomisan los equipos y luego van estas medidas para atrás, porque en el Juzgado no prosperó la intervención. Son muchos los que se tienen que ponerse de acuerdo, y es necesario contar con alguien de Hacienda para que diga si están o no entregando sus participaciones".
“Hay muchos huecos dentro de la ley, y los que están de forma ilegal, aprovechan esto”, apuntó el empresario, al tiempo que señaló que “todas son máquinas usadas y viejas, cuyo valor es muy pequeño, por lo que poner siete o diez no les representa nada, e incluso si las cierran o se las quitan, no les importa mucho”.
"Nosotros entregamos el 92% de lo que se juega y sólo nos quedamos con el 8%. Estas máquinas deberían ser iguales, pero es al revés, entregan el 8% y se quedan con el 92%. No tenemos una cifra de cuánto se genera con estas maquinitas y casinos ilegales, pero es una suma grande", agregó, al tiempo de subrayar que se ha detectado un repunte de este tipo de operaciones desde hace cinco o seis años, y que de hecho muchos tienen negocios legales, pero dentro de sus establecimientos hay máquinas ilegales, o en muchos casos se amparan en medidas judiciales.
Sobre el amparo que interpuso ante el Ayuntamiento para el pago de impuestos que consideró ilegales, dijo: "Afortunadamente ya lo entendieron, y a partir del año que entra, no estoy seguro si los cinco municipios, pero por lo menos en tres de ellos, vamos a pagar lo que legalmente nos corresponde. Interpusimos el amparo porque era una tributación doble y hasta triple, le pagamos a la Federación, al Estado y al Ayuntamiento, quien quería que le pagáramos sobre lo mismo y eso legalmente no es válido".
Apuntó que en la Ley de Ingresos para los municipios, son tres los municipios que ya tienen una cuota específica y un pago por derechos que sí le corresponden el municipio, y "es lo que vamos a empezar a pagar. Estaremos pagando 30 o 35 millones de pesos entre los cinco municipios, a Gobernación le pagamos como 300 y tantos, y al Estado cerca de 200 millones de pesos".