El balance giró en torno a dos ítems: “promociones empresariales” y “juegos de lotería, azar y sorteos”.
Promociones empresariales
En lo que va de la presente gestión, la Autoridad de Fiscalización del Juego emitió 681 resoluciones de autorización, generando para el Estado más de 11 millones de bolivianos en impuestos y una asignación en premios superior a los 118 millones de bolivianos.
El 100% de las autorizaciones de promociones empresariales, el 46% correspondió a la regional de Santa Cruz, 32% a la regional de La Paz y el 22% a la Cochabamba.
En cuanto a controles detectivos, la Autoridad de Juegos pudo establecer que 34 establecimientos comerciales desarrollaron promociones empresariales sin autorización de la entidad en el país.
Respecto a controles operativos a promociones con resoluciones de autorización de la entidad, la Autoridad de Fiscalización del Juego realizó más de 600 en las diferentes jurisdicciones a objeto de precautelar el cumplimiento de los proyectos de desarrollo presentados a la institución para la entrega transparente de los premios ofertados.
Por otra parte, en la relación a las fiscalizaciones a promociones empresariales autorizadas, se realizaron alrededor de 500. La dirección regional de Santa Cruz es donde se desarrollaron la mayor cantidad de fiscalizaciones, seguida de La Paz y Cochabamba.
Juegos de lotería, azar y sorteos
En la gestión 2015, la Autoridad de Juegos emitió una sola licencia de operaciones a la Lotería Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.
El nuevo operador con licencia de operaciones se suma a Curucussi Games S.R.L., que obtuvo su licencia para juegos de azar en 2013 y a la Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad (LONABOL) que logró su licencia en 2011.
Por otra parte, la Autoridad de Juegos hasta el 31 de octubre realizó un total de 163 intervenciones a lugares de juegos de azar entre ilegales y clandestinos, decomisando de los mismos más de mil máquinas o medios de juego.
La entidad, a través de su director ejecutivo, Mario Cazón, lamentó aún la existencia de salas o lugares clandestinos que operan al margen de la norma sin pagar impuestos y engañando a jugadores con máquinas adulteradas.
En la gestión 2015, la Autoridad de Juegos presentó 117 procesos penales en su mayoría por el delito de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado. En la jurisdicción de la regional de Santa Cruz es donde más denuncias se presentaron, seguida por Cochabamba y La Paz.