“Si hay voluntad política, el proyecto que envió el Ejecutivo saldrá adelante”

¿Cuáles son los puntos positivos y negativos del proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo la semana pasada para reestructurar la institucionalidad de los juegos de azar?
Lo más positivo del proyecto es que finalmente tenemos la posibilidad de discutir el juego legal e ilegal en Uruguay, de ver una nueva institucionalidad para atenderlo, ratificamos el monopolio del Estado en los juegos de azar, definimos qué son los juegos de azar y apuestas y abrimos el camino para discutir modalidades de juego tales como las slots barriales y el juego online.
Lo negativo para mí es que hasta ahora el parlamento ejerce la potestad de regular o no una modalidad de juego y no debería delegarla a una autoridad ejecutiva, tal como plantea este proyecto.

¿La idea sería regular o prohibir las slots barriales?
El proyecto de ley que envió el Ejecutivo establece que habrá un órgano regulador de la explotación del juego, dependiente del Ministerio de Economía, cuya función será otorgar licencias, controlar y fiscalizar. Los juegos que se desarrollen sin su autorización serán considerados ilegales y quienes los operen tendrán una sanción penal.

Es decir, actualmente las slots que funcionan fuera de los casinos no están reguladas. Pero si se sanciona este proyecto, el mismo Ejecutivo, que es el mismo que debe controlar la actividad, tendrá la potestad de regularlas.

El proyecto plantea que la Dirección Nacional de Loterías y Quiniela se convierta en la Dirección Nacional de Contralor de Apuestas y Juegos de Azar, y que la Dirección General de Casinos pase a ser la Administración Nacional de Casinos y Juegos de Apuestas del Estado. Más allá del nombre, ¿qué otros cambios se producirán?
La primera deja de ser una dirección de loterías que explota un juego de azar y controla y otorga permisos revocables para que terceros exploten juegos tipo quinielas o similares para pasar a ser un órgano exclusivamente regulador. Será el responsable de otorgar licencias, controlar y autorizar a terceros a que exploten juegos cuyo monopolio ejerce el estado. Es bueno que haya un regulador que no sea al mismo tiempo juez y parte, aunque a mi juicio algunas atribuciones debería mantenerlas el poder legislativo.

La Dirección General de Casinos, que actualmente depende del Ministerio de Economía, se convertirá en una empresa pública. Será un organismo descentralizado que se vinculará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía, pero tendrá autonomía de gestión. Será liderado por, llamativamente, un solo director. Explotará y gestionará todos los juegos del Estado: casinos, loterías y turf. Será controlado por la Dirección Nacional de Contralor de Apuestas y Juegos de Azar.

¿Este proyecto establece cuál sería el proceso de designación del director?
Sí, lo establece porque lo vincula a la Constitución de la república cuando define cómo se nombra los directores de este tipo de organismos: tras una propuesta del Poder Ejecutivo y con venia del Senado por mayorías especiales. Ése sería el camino. No lo dice el proyecto explícitamente, pero se deduce que es así. Al ser un nuevo organismo y como el articulado que lo refiere es de hecho su carta orgánica también requiere de mayorías especiales para su aprobación en el parlamento. Por lo tanto, será objeto de discusión y el Gobierno tendrá que acordar más allá de sus propias fronteras para que ese articulado con esos contenidos se pueda aprobar.

¿Cuándo está previsto el tratamiento del proyecto?
Ingresó a la cámara de Diputados, se le dio curso a la Comisión de Hacienda y esta comisión fijó el 18 de noviembre como el día para iniciar su tratamiento. Se invitó a comparecer al Ministerio de Economía y a las autoridades de los organismos de juego. Allí empezará el tratamiento y comparecerán luego una serie de entidades vinculadas a la industria. Particularmente, me interesa la presencia del doctor Óscar Coll, quien dirigió el programa de Prevención y Tratamiento del Juego Patológico del Hospital de Clínicas, y de la organización Padres preocupados. Se debatirá hasta agotar el tema y luego se pasará a votar.

No es la primera vez que Uruguay debate un proyecto de ley vinculado al juego. De hecho, durante los gobiernos anteriores de Tabaré Vázquez y y José Mujica también se presentaron proyectos. Usted también ha presentado un proyecto relacionado a la regulación de las slots barriales. ¿Cree que la aprobación de este proyecto es probable?
Sí, tengo mayores esperanzas. El primer proyecto que ingresó de Tabaré se refería exclusivamente a la prohibición y sanción penal para la operación de las slots barriales. Entró a mediados del 2009, las elecciones eran cuatro meses después, fue un pésimo momento y murió en el intento. Mujica presentó sin mucho valor una iniciativa para regular esas tragamonedas. Por mi parte, presenté algunos que también quedaron allí. La propuesta actual es más global. Veremos. Nos invita a un debate a fondo sobre un tema pendiente. Si hay voluntad política, saldrá adelante. Veremos si el presidente tiene en su propia bancada ánimo de aprobación. Lo veremos a medida que vayamos avanzando.

El juego fue también tema de debate durante la discusión del Presupuesto 2016, que tiene media sanción de Diputados y el Senado tiene plazo para aprobarlo hasta el 4 de diciembre. Se abrió la posibilidad para las apuestas deportivas online...
Creo que hubo una intencionalidad de confundir de parte de los lobbies que operaron durante esos días. En realidad, tratamos un artículo absolutamente inocuo. Las apuestas deportivas fueron autorizadas por ley en 2002. En ese mismo momento, se estableció la autorización para los juegos por Internet. Las apuestas deportivas dieron nacimiento al Supermatch, juego que la Dirección Nacional de Loterías y Quiniela adjudicó a la Banca de Loterías y Quiniela, una banca colectiva y privada. Se puede jugar tanto en las agencias como por Internet. Otros juegos como el 5 de oro o la Quiniela también pueden jugarse online, pero con una regulación autorizada por el Estado. Eso no sufrió modificaciones.

Lo único que se trató fue el destino que le dará el Estado a los ingresos obtenidos por la explotación de las apuestas deportivas. En cuanto crezca la recaudación, generará más impuesto al valor agregado, y la mitad de ese impuesto se destinará a mejorar la infraestuctura deportiva de las divisiones formativas de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Sólo eso, pero se aprovechó la circunstancia para generar confusión.

Actualmente, no hay sanción ni impedimento para jugar online más allá de lo que se autorice en Uruguay. Éste es un tema pendiente.