Uruguay: el ejecutivo prepara un proyecto que considera un delito a las slots barriales

Esa actividad, de acuerdo a estimaciones oficiales, mueve unos U$S 170 millones por año sin control de ningún tipo. Los slots se desarrollaron en el país durante años sin un marco jurídico que lo regule.

Sus promotores –comerciantes y fabricantes– afirman que se trata de una actividad legal. Incluso tienen para mostrar un fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de setiembre de 2014, que consideró a esa actividad como "libre", "lícita" y sin "limitación legal".

Sin embargo, la otra biblioteca, a la que sumó el fiscal de Corte, Jorge Díaz, entiende que esas slots son ilegales y así lo estableció en un dictamen de agosto de 2014 cuando fueron incautadas tragamonedas en el departamento de Rivera.

En el gobierno y en el Frente Amplio, la discusión transcurrió en estos años entre los que proponían la eliminación de esas tragamonedas barriales y establecen a la actividad como un delito –en ese grupo se ubicó el presidente Tabaré Vázquez– y los que preferían regular el mercado, entre ellos estuvo en su momento el ministro de Economía, Danilo Astori y el director de Casinos, Javier Chá.

En el parlamento, la diputada Susana Pereyra (MPP) es partidaria de "regular" porque entiende que no puede haber ese tipo de máquinas en cualquier lugar. La legisladora dijo a El Observador que "regular en cierta forma también implica prohibir" porque "es inconcebible" que en un almacén se pueda apostar en slots e incluso lo hagan menores de edad. Su colega del Frente Liber Seregni, José Carlos Mahía, explicó a El Observador que el tema aún no llegó a la bancada del Frente Amplio y en lo personal es partidario de "regular".

Luego de analizar el tema con asesores de Presidencia, Tabaré Vázquez decidió que explotar el negocio de las tragamonedas será un delito en los casos que no cuenten con permisos del Estado y en tal sentido enviará un proyecto al Parlamento, dijeron a El Observador fuentes oficiales.

Las autoridades estiman que actualmente se supera largamente las 20 mil tragamonedas instaladas en los barrios de todo el país.

Por otro lado, el hecho de que esa actividad pase a ser considerada un delito dará potestad a la Policía para actuar y decomisar slots ilegales.

Hasta ahora, fueron los inspectores municipales los que concretaron algunos decomisos y desde la Dirección Nacional de Casinos se presentaron denuncias judiciales que fracasaron.

Prácticamente la totalidad de los juicios fueron ganados por los propietarios y fabricantes de maquinitas, según lo señaló a El Observador, Gerardo Dibbern, asesor jurídico de la Asociación Uruguaya de Fabricantes y Operadores de Juegos Electrónicos (Aufoje). Esa cámara agrupa a unas 40 empresas que son las dueñas de los slots barriales y están a favor de que el mercado de las apuestas sea regulado.

Incluso, tienen un proyecto que, a grandes líneas, propone que los menores de edad no puedan jugar en las tragamonedas, limita el número de comercios que pueden tener máquinas y se les exige que tengan baños; se limita el número de tragamonedas que se permitirán por comercio –dependiendo del metraje del local– y como máximo se permitirán seis slots por negocio.

En su primera Presidencia (2005-2010), el gobierno de Vázquez redactó un proyecto que directamente prohibía los slots barriales pero ese texto nunca llegó a tratarse en el Parlamento.

En países como Chile y México, las slots barriales están prohibidas, son decomisadas y destruidas. En aquellos años, en el Frente Amplio no todos estaban convencidos de que ese era el mejor camino.

Luego, con José Mujica en la Presidencia (2010-2015), el Ejecutivo mandó otro proyecto al Parlamento para "regular" el mercado y permitía las tragamonedas bajo ciertas condiciones. Ese texto también quedó encajonado en el Poder Legislativo.
Ahora, nuevamente en la presidencia de la República, Vázquez insistirá en atacar el juego que considera clandestino.
Para el presidente los excesos en el consumo de alcohol, el cigarrillo y los juegos de azar son vicios que luego se transforman en un problema de salud pública que el Estado debe atender.