Uruguay: dueños de slots barriales proponen ser regulados por ley

Esos juegos de apuestas, sin control estatal, preocupan al Poder Ejecutivo que está dividido en cómo enfrentar el problema. El presidente Tabaré Vázquez es partidario de prohibirlos, como ocurre actualmente en Chile y México donde las máquinas son decomisadas y destruidas; mientras que el ministro de Economía, Danilo Astori, se inclina por regular ese mercado que, según estimaciones del gobierno, mueve U$S 170 millones al año.

El director Nacional de Casinos, Javier Cha, que responde al sector de Astori, también es partidario de regularlos. En el primer gobierno de Vázquez (2005-2010), el presidente intentó prohibirlos, y con José Mujica (2010-2015) se fue por el camino de la reglamentación y ambos proyectos fracasaron.

El asesor letrado de Aufoje, Gerardo Dibbern, comentó que las slots "no contravienen ninguna norma legal ni administrativa", y se trata de una actividad "lícita". Afirmó que es un negocio como cualquier otro, que lo pueden ejercer particulares al no haber ninguna ley que lo prohíba.

De hecho, dijo Dibbern, la gremial que representa ya ganó 52 juicios, uno iniciado por la Banca de Loterías, y la mayoría por la Dirección Nacional de Casinos, que intentaron frenar la expansión de los slots barriales.

La idea de los fabricantes es poder seguir trabajando "con el entretenimiento uruguayo" porque, además de las tragamonedas, fabrican mesas de pool, futbolitos y las rockcolas que pasan música y pagan por canción emitida a Agadu, la asociación de autores. El asesor dijo que son partidarios de que su actividad sea regulada y no están de acuerdo con la situación planteada hoy.

Tienen un proyecto que a grandes rasgos propone que los menores no puedan jugar en los slots, limita el número de comercios que pueden tener “maquinitas” –donde por ejemplo las panaderías o las carnicerías quedarían afuera–, los locales tienen que tener baños, lo cual es una limitante.

Básicamente apoyan que haya slots en locales como los bares o kioscos. También impulsan que las slots tengan "un código identificatorio", una especie de matrícula que puede otorgar el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) o la facultad de Ingeniería.

Están de acuerdo con que se controlen los pagos y los porcentajes que se pagan de premios. Además, aceptan limitar el número de slots, dependiendo del metraje del comercio, para que cada uno tenga hasta un máximo de seis.