Los primeros cuestionamientos llegaron desde la Cámara de Comercio de Tunuyán y posteriormente un grupo de legisladores radicales elevó una denuncia a Fiscalía de Estado, pidiendo que se suspendiera el proceso licitatorio encarado para dar continuidad a las concesiones de explotación de máquinas tragamonedas en el Valle de Uco, entre otros.
Recibida dicha denuncia, la Fiscalía de Estado solicitó que no se adjudicaran las licitaciones hasta tanto se avanzara en la investigación. Por eso, analizados los procesos licitatorios denunciados, especialmente el punto del pliego que permitía que de común acuerdo el Instituto y el adjudicatario pudieran incrementar sin límite alguno las máquinas contratadas dentro de la zona adjudicada, el órgano fiscalizador consideró que se debía dejar sin efecto la licitación, y en caso de realizarse un nuevo llamado, se debían contemplar las observaciones realizadas.
El proceso licitatorio se convocó a través de los diarios el 5 de junio. Días después, los diputados radicales Néstor Parés y Néstor Majul pidieron en Fiscalía de Estado que se suspendiera la licitación, argumentando, entre otros puntos, que uno de sus artículos permitía la ampliación de máquinas tragamonedas dentro de la zona concesionada.
Los denunciantes y el Instituto de Juegos y Casinos fueron notificados de lo resuelto por el Fiscal de Estado, Fernando Simón, que concluyó que correspondía dejar sin efecto el proceso licitatorio denunciado.
En el escrito, el fiscal expresa que resultaría conveniente, además, una adecuada evaluación de los impactos sociales en lo que respecta a la apertura de anexos del Casino de Mendoza.