El gravamen nunca llegó a aplicarse y el gobierno finalmente derogó los artículos 10 y 21 de la Ley 10.270, sancionada el 18 de diciembre de 2013. La ley transfiere fondos del IAFAS a seguridad con el fin de contribuir “a la mejora en calidad de la defensa, garantía y promoción de derechos ciudadanos”.
Ese punto fue el que objetó la Asociación Trabajadores del Estado ya que advirtieron que con la medida se desvirtuaba el fin del Instituto cuya recaudación debe estar orientada a solventar la acción social.
“Los recursos relativos a la coparticipación del FO.PRO.SE. serán realizados mediante el aporte directo que efectúe el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social, calculado sobre el 5 por ciento de las utilidades netas obtenidas por dicho organismo”, dice el artículo 2 de la ley que rige a partir de ahora.
La norma no explicita cómo será ese fondo, quiénes lo administrarán y cuál será su destino. Tampoco explica cuál es la relación matemática del proyecto, ya que le quitan impuestos al juego y a su vez, le restan a la recaudación del IAFAS. Es decir que tendrá menos ingresos y en el mismo tiempo, deberá sostener una erogación del 5% de sus utilidades para el Fondo que acaban de crear.