La decisión la dio a conocer el gobierno porteño mediante un comunicado en pleno proceso preelectoral y luego de las discusiones internas sobre el juego en el seno de Pro. Según el comunicado, la decisión se tomó para "no comprometer a la próxima administración" y consolidar la autonomía de la Ciudad.
Y agrega que lo hace cuando faltan seis meses para el cambio de autoridades. Según el comunicado, la medida busca, al mismo tiempo, recuperar las potestades, competencias y recursos relacionados con la actividad del juego.
El convenio, firmado en 2003 durante la gestión de Aníbal Ibarra, fue homologado por la Legislatura a través de la ley 1.192, y establece el reparto igualitario entre Ciudad y Nación de lo que el Estado percibía por la explotación del juego en el distrito. Pero a cambio de esa participación, la Ciudad renunciaba a toda "pretensión en todos los expedientes judiciales y administrativos actualmente en trámite entre ambas jurisdicciones relacionados con la constitucionalidad de normas, validez de actos administrativos o conflictos de competencias entre ambas partes con relación a la explotación del juego en el ámbito de la ciudad".
En 2013, ya durante la gestión de Mauricio Macri, ese convenio fue modificado y sumó $ 300 millones de pesos anuales para la Ciudad, además de lo que correspondiera por el convenio. Paralelamente, la Justicia tiene una causa en la que el Estado porteño pretende cobrarles Ingresos Brutos a las casas de juego, cuya presencia ha aumentado en los últimos años. Traducido en ingresos para el fisco, este convenio aportó el año pasado $ 468 millones, más los $ 300 millones que sumó el otro acuerdo.
Siempre según el comunicado, "la decisión de no prorrogar el convenio celebrado el 30 de octubre de 2003 entre Aníbal Ibarra y Néstor Kirchner fue comunicada este viernes por el Instituto de Juegos y Apuestas porteño a Lotería Nacional", 120 días antes de que venza el plazo y tal como se establece en el acuerdo.
Las diferencias entre el Instituto y Lotería también se vieron el mes pasado cuando venció el plazo para dar en concesión a los cinco bingos porteños. Lotería había llamado a una licitación, que el Instituto no convalidó y las concesiones, de este modo, caían. Luego de que los empleados tomaran las salas para mantener sus fuentes de trabajo, a fines de abril el presidente del Instituto, Néstor García Lira aceptó prorrogar las habilitaciones vigentes de los bingos hasta que se llame a una nueva licitación. Se trata de las salas ubicadas en la peatonal Lavalle, y las que se encuentran en los barrios de Belgrano, Caballito, Congreso y Flores. El proceso licitatorio que comenzó Lotería fue recurrido en la Justicia por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.