El juego no contaba con operador ni administrador

La Junta de Control de Juegos de Panamá deroga el reglamento de Buko Millonario

El pleno de la Junta de Control de Juegos (JCJ) derogó la resolución 41 del 30 de julio de 2010, a través de la cual se aprobó el reglamento de operación del juego conocido como Buko Millonario.
04-05-2015
Tiempo de lectura 1:14 min
El pleno de la Junta de Control de Juegos (JCJ) derogó la resolución 41 del 30 de julio de 2010, a través de la cual se aprobó el reglamento de operación del juego conocido como Buko Millonario.

El documento fue publicado a través de la resolución 20 del 22 de abril de 2015, contenida en la Gaceta Oficial 27771. “Este cuerpo colegiado considera que la actividad denominada Bingo televisado no responde a la política que desea desarrollar el Estado panameño en cuanto a la explotación de los juegos de azar y actividades que original apuestas. (Además) en este momento no existe administrador alguno vinculado a esta operación", precisa el documento.

La resolución lleva la firma del ministro de Economía, Dulcidio de la Guardia; del contralor Federico Humbert; del diputado de la Asamblea Nacional, José Luis Varela; y del secretario del Pleno de la Junta de Control de Juegos, Eric Ríos.

Hace varios días se conoció que la Fiscalía Cuarta Anticorrupción abrió una investigación a Ricardo Martinelli Linares -hijo del ex mandatario Ricardo Martinelli- por supuesto vínculo con la empresa Grupo de Inversión Mundial (GIM), operadora del bingo televisado denominado Buko Millonario.

Este caso llegó al Ministerio Público en marzo, tras una denuncia anónima en la que se detalla que Omar Chen Chan, ex director de la Lotería Nacional; y Jackeline Chan de Watson, presidente de GIM; se asociaron con Martinelli Linares para que, a través de su poder político, se les concediera la concesión para el bingo.

La concesión fue otorgada en la administración de Martinelli y, de acuerdo con las investigaciones y auditorías de la JCJ, la compañía nunca presentó su composición accionaria de forma correcta.

Ante esta anomalía, el pleno de la JCJ resolvió cancelar el contrato en 2014. Sus acciones son al portador, por lo que se desconoce quiénes son los beneficiarios reales y finales de la empresa.

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