Esto sucedió luego de que el titular del juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Palma, José Maria Abad Liceras, desestimara la medida cautelar solicitada por la empresa para que se levante orden de cierre.
El Gran Casino, que estaba realizando obras sin licencia municipal con el fin de adecuar las instalaciones del antiguo Teatro Balear a salón de juegos, había solicitado la anulación del precinto alegando que la entrada de los funcionarios municipales en las instalaciones se había realizado sin el consentimiento del arrendatario del local, ni autorización judicial previa, además de haber "efectuado el precinto a unas obras presuntamente autorizadas".
El juez afirma que consta acreditada la existencia de un decreto, firmado por el presidente de la Gerencia de Urbanismo en el que, entre otras medidas, se acuerda "la inmediata suspensión de las obras que se estaban ejecutando en el inmueble".
Este hecho, según el juez, "supone la existencia de un título jurídico (cuya validez no puede enjuiciarse en este momento procesal), cuya ejecución originó la situación impugnada" por el Gran Casino.
De esta forma, según el juez, la existencia de este decreto "parece amparar la actuación posterior de la Administración demandada". Además, el juez pone de manifiesto que los posibles perjuicios que puede haber ocasionado el precinto a la empresa demandante "pueden ser en un futuro resarcidos", si finalmente se estima su recurso y se declara judicialmente la ineficacia jurídica de la actuación administrativa impugnada".