El FBI manifiesta su preocupación por los nuevos casinos de Massachusetts

Los enormes carteles que invitan a denunciar sobornos son parte de la campaña del FBI de Massachusetts denominada "Frena la corrupción ya", lanzada en respuesta a la legislación que permitirá hasta tres nuevas licencias de casinos y un salón de máquinas tragamonedas. El FBI dice que su preocupación es que la entrada de un casino creará una crisis de integridad pública, por lo que requiere el lanzamiento de esa campaña de sensibilización "Stop corruption now".

La American Gaming Association (AGA) dijo a través de un comunicado que "estudio tras estudio se ha demostrado que los temores sobre el aumento de la delincuencia después de que un nuevo casino se abre carecen de fundamento, y los operadores de juego en Massachusetts y otras partes se comprometen a mantener la integridad de esta industria altamente regulada".

En Massachusetts, el estado autoriza y regula a los operadores de casinos, y evalúa los impuestos estatales sobre sus ganancias de juegos de azar. Mientras que las ciudades y los pueblos se encargan de emitir permisos de construcción y zonificación locales y la evaluación de los impuestos locales a la propiedad.

MGM Springfield fue el primer casino resort en recibir una licencia de la Comisión de Juego de Massachusetts. El progreso fue bloqueado después de que el Poder Judicial de Massachusetts dictaminara que la cuestión del casino debe ser sometida a los votantes en todo el estado, pero la ley del juego sobrevivió una pregunta especial en el referéndum de noviembre.

Más recientemente, el Procurador General de Massachusetts, Maura Healey, instó a la legislatura estatal a producir las regulaciones contra el blanqueo de dinero, la trata de personas y otras actividades ilícitas que puedan estar vinculadas a los casinos.

Healey sugirió que la Comisión Estatal de Juegos requiere a los casinos presentar informes oportunos sobre actividades sospechosas y transacciones en efectivo, e incorporar el lenguaje de "tolerancia cero" en los contratos de los empleados y proveedores.

"Tales regulaciones deben disuadir a los lavadores de dinero, e identificar los que trabajan en otras empresas criminales, como los narcotraficantes, traficantes de seres humanos, los usureros y el crimen organizado", escribió Healey en la carta del pasado 27 de marzo.