El directivo explicó que el problema se encuentra en la parte que estipula que las compañías deberán actualizar sus permisos. Lizaur explicó que ese procedimiento puede disparar los amparos y “volveríamos a la situación que tuvimos durante muchos años, de pelea y diferencias”, por lo que pidió un arreglo.
Uno de los principales cambios que contempla la nueva ley es que los permisos que se otorguen solo serán para un casino y no como antes, que se podían abrir hasta 90. Según Pérez Lizaur, las inconsistencias en la legislación pueden traer conflictos legales, pues son “violatorios de los derechos adquiridos”.
En consulta con su área jurídica, el empresario concluyó “que los amparos fácilmente se pueden ganar”, lo que borraría el avance obtenido, por lo que sería una pena que se cayera en un conflicto de esa envergadura con la autoridad. Por eso, Lizaur mencionó que espera que cuando el Senado revise la legislación se modifiquen esos aspectos.
“La nueva ley de juegos es un logro extraordinario y aplaudimos la labor de la Secretaría de Gobernación, de la Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS), pero como en todas las cosas siempre hay posibilidades de mejora”, concluyó.