¿La Superintendencia de Casinos de Juego sería el órgano que regularía las máquinas tragamonedas populares?
Francisco Leiva: Según nuestra propuesta, se requiere de un órgano especializado que ya cuente con conocimiento técnico, jurídico y operativo como la Superintendencia de Casinos de Juego. Proponemos que amplíe su ámbito de competencia, se convierta en una Comisión de Juego, como ya ocurre en Estados Unidos y España, y que se ocupe de la regulación de casinos, máquinas, apuestas hípicas, apuestas deportivas y juego online.
La tendencia internacional es que haya un único regulador que regule el juego. No tiene mucho sentido crear una nueva institución.
Uno de sus objetivos es que las máquinas recreativas de premio programado estén interconectadas al fiscalizador del casino para evitar una evasión tributaria. Entonces, ¿por qué cree que se obstaculiza este tipo de propuestas si lo que se quiere es evitar el fraude?
Sebastian Salazar: La propuesta legal que estamos impulsando plantea que las máquinas estén conectadas en tiempo real con el regulador, lo que garantiza muchísimas temáticas asociadas a la industria del juego, como por ejemplo, el cumplimiento de retornos teóricos (pagos de premio) dentro del marco legal. Por otro lado, ofrece la garantía de que los equipos utilizados cumplan con la homologación exigida para el mercado en que operan.
Esta propuesta también facilita la fiscalización tanto para el regulador (Superintendencia de Casinos en Chile) como también para la autoridad Tributaria (Servicio de Impuestos Internos). De esta manera, se evitan anomalías legales relativas a la evasión tributaria y además se garantizan los derechos de propiedad de los fabricantes y desarrolladores de programas de juego, con todos los beneficios que significa en términos de confiabilidad y seriedad, que la autoridad cuente con información completa y actualizada relativa al mercado que está llamada a controlar.
Hoy vemos importantes cambios políticos que se están desarrollando y que responden a una necesidad de la ciudadanía en general, de sentir que viven en un país que es más igualitario. Las sociedades van madurando y esa maduración va expresándose a través de diversas normas que tienden a normalizar aspectos que antes permanecían reprimidos o simplemente en un status quo indeterminado, como pasa con las tragamonedas populares en nuestro país.
Entonces, lo que uno debe preguntarse es ¿por qué? Es decir, qué hay detrás de una negativa del Estado a permitir que una actividad económica lícita se siga desarrollando, pero se haga al amparo de una ley especial que regule su funcionamiento. Desde luego que debe haber intereses particulares de aquellos que se sienten afectados por el funcionamiento de este mercado, pero esa posición para aquellos que operamos en esta industria es indefendible.
En el país hay miles de chilenos que dependen de esta actividad y que están al amparo de una ley especial con la que podrían desarrollar emprendimientos de mejor calidad y que cumplan con los estándares internacionales con que funciona ésta industria en los diversos mercados comparados que existen hoy en día.