¿Por qué decidió apoyar el proyecto de ley presentado por Ricardo Alfonsín y Miguel Bazze para establecer controles para los juegos de azar en el país?
La situación del juego en el país, su proliferación e impacto en los sectores sociales más vulnerables, es realmente preocupante. Sobre todo si se siguen institucionalizando/legalizando nuevas formas de juego como serían las apuestas online para los deportes. Este proyecto intenta poner límites y controles, procurando disminuir los riesgos de la ludopatía como patología vinculada con la adicción al juego.
¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cree que llegarán a aprobarlo?
El proyecto tiene estado parlamentario. Hoy las expectativas no son muy altas porque el oficialismo gobernante no facilita el tratamiento de proyectos presentados por legisladores de la oposición y prácticamente ha puesto al poder legislativo solo a disposición de las iniciativas del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Esperamos poder sensibilizar sobre la importancia que tiene poner este tema en el debate público para considerar los distintos proyectos que existen.
Según su opinión, ¿de qué maneras impacta la industria del juego en la Argentina a nivel político, económico y social?
La industria del juego es muy poderosa por la cantidad de dinero que mueve. En tal sentido, tiene un gran poder de cooptación de voluntades y también en muchos casos pone en evidencia el riesgo de constituirse en una actividad apta para el lavado de activos que son los recursos provenientes de delitos.
En términos económicos y sociales, la multiplicación de salas de juegos en distintos lugares, no solamente de vacaciones o esparcimiento, sino en los mismos centros de ciudades cuya población es de sectores medios bajos, implica una promoción del juego, muy perversa porque mucha gente cree que puede obtener de allí ganancias, sin advertir que se termina perdiendo. Lo peor es que también se ha ido perdiendo el valor del trabajo.
Descompone las relaciones familiares y sociales. Y el dinero que se va en el juego es el que no va al consumo de alimentos o de otros productos y por lo tanto impacta en los comercios, las industrias y por supuesto en el empleo. Socialmente, las personas adictas al juego demuestran comportamientos antisociales con graves perjuicios para su vida personal y familiar.
El proyecto propone un mayor control para el juego, pero no su abolición (camino que siguió Ecuador, por ejemplo). ¿Qué aspectos positivos destaca de esta industria?
Siempre el aspecto positivo es la generación de puestos de trabajo, pero hay que analizarlos también en función de lo que se pierde. Hay que establecer controles sobre la rentabilidad, la transparencia y también procurar no promover las conductas adictivas de las personas.
¿Cuál es su posición respecto al Prode Bancado? ¿Existe alguna manera de regularlo y operarlo de manera eficiente?
Estamos en contra del Prode Bancado. Eso aumentará el juego como patología, arrastrará a los sectores más jóvenes, sobre todo por la mayor accesibilidad a la apuesta que abre el uso de la tecnología, y también desnaturaliza y pone en riesgo la sana y transparente competencia deportiva.
A principios de este mes, participó de la jornada “El juego, la ludopatía, las apuestas online en el deporte y sus implicancias sociales”. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones? ¿Tiene programado asistir a eventos similares?
Lo valioso ha sido escuchar muchas voces y poder avanzar en caminos de acuerdo. Antes, también en el Congreso, habíamos organizado una audiencia pública. Y claro que estamos dispuestos como bloque político a participar de todos los ámbitos de debate sobre estas cuestiones.