Los empresarios del sector se preguntan qué hay detrás de la suspensión de la licitación, ya que el “toque de alerta” nace a partir de lo expresado por el presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), Javier Balbuena, quien dijo que la intención es “cambiar el modelo actual y darle al Estado mayor participación y mayor control en los ingresos de este juego, a los efectos de aumentar las ganancias del Estado y aumentar la inversión en gastos sociales”.
Consideran que, sin dudas, el planteamiento fue transmitido a Balbuena por el propio presidente de la República, Horacio Cartes, luego de la audiencia que éste concedió al titular de Conajzar el jueves 31 de julio. En cuanto a las implicancias de la frase “mayor participación del Estado”, se presume que podría significar mayor participación de los políticos en un rubro que genera mucho dinero. Alertan que no es función del Estado “participar” en los juegos de azar. “Lo suyo es crear condiciones para que el sector privado aporte al Estado, a través del canon, los impuestos, etc., dicen.
Alertan igualmente que aquí no solo está en juego la quiniela, sino toda la industria de los juegos, cada vez más importante por lo que genera para el país en términos de estructura (el hotel Acaray se recuperó gracias al casino y, en Encarnación, el concesionario del casino está terminando un nuevo hotel cuatro estrellas), creación de empleos genuinos, promoción del turismo local y regional; y que, sobre todo, está en consideración la formalidad del país.
Los empresarios creen que esta actividad debe ser tratada “con toda seriedad” para frenar la ilegalidad existente que, a su vez, origina la formación de grupos de poder que luego tienen incidencia en la política gracias a su capacidad económica incontrolable. Alertan, asimismo, que una “mayor participación del Estado” no es garantía de seriedad ni formalidad. “Al contrario, con ello se acrecentará el riesgo que significa la codicia insaciable de nuestros políticos”, aseveran.
Añaden que si el Estado quiere recaudar más de este sector y aumentar la legalidad, debe profesionalizar al máximo los organismos de control, sin inmiscuirse en el funcionamiento de los juegos en sí. Advierten que con los políticos “metiendo mano” directamente, se creará un nuevo foco de corrupción y las recaudaciones irán a parar en su mayor porcentaje a las cuentas de “los pillos” en desmedro del país.
Finalmente, se preguntan qué “manos negras” están metidas en este tema de la quiniela, que podría extenderse a otros aspectos de la industria de los juegos.
Oferentes
Tanto Gambling como TDP, ambas empresas oferentes para la explotación de la quiniela, incurrieron en causales de descalificación pero solo la primera fue descalificada, lo cual les ha causado sorpresa, manifestó Néstor Povigna, de la empresa Gambling.
Manifestó no entender lo que ocurrió, pero destacó que en el acta de apertura de sobres del 11 de julio pasado, consta claramente que la fecha de certificado bancario presentado por la firma TDP, que es un documento sustancial, tenía fecha 8 y el pliego de bases y condiciones pide fecha del día de apertura de sobres que fue el 11, lo cual es un causal de descalificación”, sostuvo.
Agregó que una segunda causa de descalificación para TDP y que también quedó labrado en acta es que el poder de los apoderados de TDP tiene un sello de anulado, cuando el pliego no permite tachaduras, enmiendas ni textos entre líneas.
“Cuando luego nosotros hacemos una consulta del pliego, le pedimos a la Conajzar que reconozca que sigan esos documentos que están debidamente salvados y nos dice: ‘Aténgase a lo que dice el pliego’. Por ende, ningún documento que tenga tachaduras ni enmiendas, sirve y esto es nada menos que el poder de los apoderados de TDP, por ende, toda la oferta de ellos está nula, desde el vamos ya. Entonces, ¿cómo puede ser que nos descalifiquen a nosotros y a ellos no? Y eso consta en acta, yo no estoy inventando”, explicó.
Según Povigna, al recibir la nota de descalificación, esta solo aborda sobre la relacionada con Gambling, pero no sobre el certificado ni el poder de TDP, por lo que han presentado una nota de reconsideración del expediente, pero al asistir para la apertura de sobres el miércoles pasado, todo quedó anulado.
“Algo pasó en el medio; no sé si la nota les asustó demasiado porque dejaron en evidencia que no fuimos tratados de manera justa ambas partes”, explicó.