El Instituto de Juegos y Casinos de Mendoza justifica las licitaciones

Luego de que el senador por el Frente Renovador, Gustavo Valls, dijera que legisladores de la oposición acudirán directamente al Instituto de Juegos y Casinos (IJC) a tratar de encontrarse con los funcionarios de ese organismo ante la imposibilidad de contactarse, el representante del oficialismo en el directorio del Casino Provincial, Federico Domínguez, le contestó que "está a disposición".

“Estamos disponibles, siempre estamos disponibles. Ayer estuve en el Instituto de Juegos y Casinos a las 8 y me fui a las 4, nunca me sonó el teléfono. Estoy a disposición para cuando quieran reunirse”, dijo Domínguez a través de MDZ Radio.

Es que los legisladores del Frente Renovador insisten que la compulsa para la recepción de apuestas de quiniela está “a medida” de Ivisa, la empresa que presta el servicio, si bien en el Instituto lo niegan categóricamente. Se trata de dos nuevas licitaciones del Instituto Provincial de Juegos y Casinos conocidas la semana pasada y tiene que ver con contratos públicos por más de 500 millones de pesos por diez años. 

Uno de ellos es para la recolección de apuestas de quiniela, otro para el control de tragamonedas, y hay uno más para la construcción de una página de Internet del Instituto.

“El contrato vencía en 2010 y se prorrogó por cinco años más, por lo tanto todos estábamos conscientes que esto vencía. Siempre se puede opinar, pero se ha cumplido con lo que dice la ley, se han respetado todos los plazos”, aseguró hoy el representante del Gobierno en el IJC.

Además, Domínguez aseguró que “el expediente pasó por un montón de partes dentro del Instituto, es un método transparente, no está hecho a la medida de ninguna empresa”.

“En la gran mayoría de las agencias se cobra impuestos, porque es una comodidad para el ciudadano. Cortar con este servicio sería perjudicial para el sistema, esto no es nuevo, esto ya estaba en la licitación del año 2000. Nada de lo que hemos incorporado es una novedad”, agregó.

Por otro lado, Domínguez aclaró que “hay cuatro empresas, tres están en varias provincias y una de ellas está en San Luis, donde la empresa es la encargada de cobrar, maneja el sistema y le deposita a la provincia. En cambio acá, todo el sistema está a cargo nuestro. Los técnicos me comunicaron que las tres empresas están en condiciones de competir. De hecho ya compraron pliego”.

“Esto es un mecanismo de licitación pública, vamos a recibir todas las ofertas y vamos a evaluarlas cada uno. Ahí veremos si las ofertas son buenas para el Estado o no y se evaluará en conjunto”, agregó Domínguez.