Los negocios relacionados al casino provincial nunca son tranquilos. Son demasiados los intereses y el dinero -justamente- en juego. Legisladores de la oposición y el gremio ATE han puesto la lupa sobre dos nuevas licitaciones del Instituto Provincial de Juegos y Casinos conocidas la semana pasada.
Se trata de contratos públicos por más de 500 millones de pesos por diez años. Uno de ellos es para la recolección de apuestas de quiniela, otro para el control de tragamonedas, y hay uno más para la construcción de una página de Internet del Instituto, pero que no ha sido observada.
En el Frente Renovador creen que al menos una de estas licitaciones está elaborada “a medida” de la firma Ivisa, que presta el servicio de recolección de apuestas de quiniela desde el año 2000 y que fuera renovado en 2010 sin licitación, por cinco años. La concesión vence el año que viene. Al FR le ha llamado la atención que las licitaciones se resolverán en apenas 20 días, desde conocidas las resoluciones.
Los sobres con las ofertas se abrirán la semana que viene. Y se cree que la firma Boldt sería una de las interesadas en la licitación del control de las tragamonedas.
Ayer, la diputada massista Evangelina Godoy -escindida del bloque del PJ meses atrás- presentó un proyecto de declaración para que las autoridades del Instituto concurran a la Comisión de Juegos de la Cámara de Diputados para explicar los pliegos y los alcances de estas licitaciones.
“…Se menciona la existencia de empresas que verían facilitada su participación dadas las condiciones y requerimientos técnicos de las licitaciones”, dice “Eve” Godoy entre los fundamentos de su pedido, que será tratado sobre tablas hoy en la sesión legislativa. La legisladora pide además que se suspenda la licitación y que se remitan los pliegos para su análisis en la Casa de las Leyes. Aquí, se puede ver el texto completo del proyecto de declaración.
En tanto, el senador provincial Gustavo Valls -que preside la comisión de juegos del Senado- tiene sospechas también sobre estas licitaciones. Respecto de la recolección de juegos de quiniela, dice que “…es una licitación armada para favorecer a Ivisa. Porque agregan condiciones que sólo esta empresa cumple, colocando en el pliego la provisión de un servicio que no tiene que ver con el juego. Es como si mañana llamasen a una licitación para construir estadios de fútbol y patear tiros libres con barrera… ¿Cuántos podrían cumplirla?” dijo.
El senador, que ayer estuvo reunido con miembros de ATE que también se oponen a las licitaciones, se refería a una de las condiciones que el pliego exige, respecto a que los oferentes deben prestar el servicio de cobranza de servicios (luz, gas, impuestos, telefonía, agua, operadores de TV, tasas y otros) en por lo menos tres provincias. La semana pasada fueron abundantes los rumores por una supuesta maniobra para correrlo de la comisión que preside, y que hace el control legislativo de cuanto ocurre con el juego.
Las nuevas licitaciones incluyen el servicio de sistematización de juegos de la provincia y cobranza de facturas de servicios públicos y privados, por un total de 348 millones de pesos. Se trata del sistema de captura de apuestas de la quiniela provincial, un negocio que aportará al ganador unos 35 millones de pesos por año.
Por otro lado, el IPJC licitará un sistema de control online para las 6.200 máquinas tragamonedas que funcionan en los casinos públicos y privados de la provincia, también por diez años. En este caso, la licitación no tiene un monto fijo, aunque el presidente del Instituto -Carlos Bianchinelli- explicó la semana pasada que el servicio “está tasado en la mitad de la quiniela” y ganará aquel que haga "el ofrecimiento menor" respecto de la recaudación.
Por supuesto, en el Casino niegan las acusaciones de la oposición. Federico Domínguez es director del Instituto Provincial de Juegos y representa al oficialismo. Ante la consulta, aseguró que las condiciones de los pliegos son “razonables” y que fueron revisadas por la Dirección General de Compras y Suministros del Ministerio de Hacienda de la Provincia.
Respecto de la condición de operador de cobranza de servicios que se incluyó en la licitación de la quiniela, dijo que “…el sistema debería estar, y no funciona. Lo que se busca es que haya un sistema eficiente, que funcione. Hoy son muy pocas las agencias que lo tienen”, dijo. En el FR creen que esa condición es a medida de Ivisa.
“Si la licitación hubiese sido a medida, no la habríamos aprobado de ninguna manera”, se defendió Domínguez. El pliego pide que los operadores tengan experiencia y cobro de servicios en al menos tres provincias. “Eso lo decidió la gerencia de Lotería del Casino. Y pasó por todos los controles internos.
Pero desconozco por qué se pidieron antecedentes en tres provincias… podría haber sido una, o cinco”, dijo Domínguez. Luego, el director por el PJ defendió las licitaciones, porque “el contrato había sido prorrogado sin licitación en 2010 y vence el año que viene. Teniendo en cuenta todos los plazos y la implementación, al que gane le quedan sólo ocho meses para montar todo. No es mucho tiempo”, especuló, y finalmente aseguró que el tiempo de la compulsa, 20 días desde las resoluciones hasta la presentación de la oferta, es “legal” y que había sido aprobado por Compras.
La posición de ATE
Por lo que pudo saber MDZ por parte de fuentes del gremio que involucra a los trabajadores del Casino, el día viernes 1º de agosto hubo un Plenario de Delegados del Instituto de Juegos, en A.T.E. Se trató el paro de actividades del anexo de E. Bustos y luego a moción de Alejandro Campos, se pasó a tratar el llamado a Licitación para el control online de las tragamonedas y de las terminales de quiniela.
"Es muy grande el malestar que hay con respecto a estas licitaciones, porque no es necesario contratar un tercero para controlar la fidelidad de los datos de las tragamonedas, existe en el Instituto un Departamento de Cómputos muy eficiente, al que no se le da participación en nada, un departamento que ha preparado un proyecto que permite realizar todo aquello que se pretende tercerizar", dijo una fuente del gremio a este diario. El dato fue refrendado por el gremialista Campos.
En un documento que circulaba anoche dentro del Instituto de Juegos se asegura que "todo lo que se va a tercerizar lo puede realizar a muy bajo costo el departamento de cómputos del Instituto, no es necesario regalarle millones de pesos a una empresa y permitirle que tenga acceso y control de información privilegiada".
En el mismo papel se cuestiona a Ricardo Rodríguez, "sospechado por su culposa intervención en el expediente de la renegociación del contrato de tragamonedas; por haber percibido el adicional de estudios secundarios por dos años en forma fraudulenta; por estar involucrado en la venta de permisos para realizar bingos en sociedades de fomento o clubes (fue denunciado formalmente y Bianchinelli no hizo nada); y por su crecimiento patrimonial desde 2010 en adelante".
Por lo que pudo saber MDZ, Rodríguez fue designado Jefe de la Unidad Técnica de Mercado y Juegos mediante Resolución de Directorio Nº 373, del 30/04/14.
Para los gremialistas, este último no tendría "conocimientos de computación, ni estudios que lo avalen", aunque es quien firma el pliego de la licitación Nº 1043/14/907, en el Expte. Nº 847-D-2014-02690, para la Contratación de un Servicio Integral de Monitoreo, Auditoría y Control Centralizado y Unificado ON LINE en Tiempo Real.