Según la Justicia

La estabilidad de los trabajadores de los casinos de Tenerife está garantizada

(España).- La Justicia ha dado la razón al Cabildo de Tenerife en su objetivo de asegurar los puestos de trabajo al desestimar el auto presentado por el sindicato Unión General de Trabajadores (UGT-Canarias) que pretendía paralizar todo este proceso.
21-07-2014
Tiempo de lectura 1:33 min
(España).- La Justicia ha dado la razón al Cabildo de Tenerife en su objetivo de asegurar los puestos de trabajo al desestimar el auto presentado por el sindicato Unión General de Trabajadores (UGT-Canarias) que pretendía paralizar todo este proceso.

En el auto, dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, queda expresamente aclarado que la estabilidad laboral de los trabajadores está asegurada por el Cabildo en el pliego de condiciones y que es la administración insular la que en todo caso defiende y representa el interés general, tal y como ha quedado reflejado en la sentencia.

El auto dictado avala la tesis del Cabildo que justifica esta venta en la aplicación de la ley 27/2013, sobre el redimensionamiento del sector público local vinculado a la venta de una sociedad mercantil dedicada a la actividad de juego que no responde al servicio público. Por tanto y como se ha venido diciendo en anteriores ocasiones, esta actuación surge de la necesidad del Cabildo de retirarse de actividades como la explotación de los casinos de juego, con la prioridad de mantener los puestos de trabajo, en el marco del proceso de reestructuración de la Corporación insular.

En cuanto a la situación del personal, cabe recordar que entre las cláusulas del pliego de condiciones se prevé la subrogación del personal en los derechos y obligaciones laborales, de seguridad social, incluyendo premios de permanencia con referencia a previsiones de número de trabajadores, máxima masa brutal salarial y de Seguridad Social y antigüedad máxima, mantenimiento del convenio colectivo vigente hasta su expiración o nuevo convenio colectivo negociado, además de la obligación del adjudicatario de garantizar el mantenimiento del nivel de empleo del personal subrogado por un periodo de dos años desde el momento del otorgamiento de la escritura pública de compraventa.

La Corporación insular afirmó en su momento que la venta de los casinos tenía como objetivo impulsar un proceso de actividad económica que atraiga inversores que doten de una mayor competitividad al destino turístico e impulsen el empleo.

Además, el presidente Carlos Alonso señaló que el pliego de venta tiene plena garantía, en cuanto a la salvaguarda de los puestos de trabajo y las condiciones laborales, en respuesta a las centrales sindicales que, desde un primer momento, se han mostrado contrarias a este proceso.

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