na conferencia de ministros de Deportes de los 47 Estados miembros del Consejo, que se celebrará el próximo 14 de septiembre en Macolin (Suiza), servirá de ceremonia de apertura a la firma del tratado por parte de sus integrantes.
El documento pretende reforzar la cooperación nacional e internacional entre las autoridades públicas, las organizaciones deportivas y los operadores de apuestas deportivas.
Su puesta en marcha aspira a que los países introduzcan medidas legislativas para luchar contra el fraude en materia de apuestas deportivas, y, llegado el caso, limitarlas e incluso suspenderlas.
El texto aprobado permite también "cerrar o restringir el acceso a los operadores afectados y bloquear los flujos financieros entre éstos y los consumidores".
El convenio, que incluye la protección de informadores y testigos, apela a todas las partes "a adoptar y aplicar reglas estrictas para combatir la corrupción, sanciones y medidas disciplinarias proporcionadas y disuasorias en caso de infracción, así como principios de buena gobernanza". El secretario general del Consejo, Thorbjørn Jagland, aseguró que el acuerdo "representa un gran avance para salvaguardar la integridad del deporte y la ética deportiva".
Según la ficha explicativa del convenio, una calificación para la Liga de Campeones puede representar unos ingresos adicionales de 15 millones de euros, mientras que una promoción en liga profesional supone plusvalías de 4 a 5 millones de euros para un club francés.
"La importancia de las ganancias puede motivar a los individuos menos escrupulosos a recurrir a malversaciones elaboradas", añade el Consejo, que en un informe de 2012 cifraba en el 90 por ciento los resultados deportivos amañados en China, Corea, Pakistán e Indonesia.
