El último plazo había vencido el miércoles pasado sin que se llegara a un acuerdo. Ese día logró un nuevo convenio de no exigibilidad de obligaciones, aunque el mayor problema para cerrar un convenio definitivo sigue siendo el mismo.
Es decir, que los bonistas pretenden saldar parte de la deuda a cambio de controlar la compañía, de la que cerca del 70 por ciento del capital está en manos de la familia Martínez Sampedro.
El 2 de enero, Codere había solicitado el preconcurso de acreedores por su complicada situación financiera y las dificultades para afrontar el pago de deudas. En ese momento, la compañía responsabilizó de su situación a “tensiones de tesorería”, entre las que se destacan el pago de 107 millones de euros por la renovación anticipada de las licencias de juego en la provincia de Buenos Aires, la introducción de la ley antitabaco en la Argentina, el cierre de ocho salas de juego en México y las subidas de la carga impositiva en varios países donde opera.
Desde entonces incurrió en el impago de dos cupones correspondientes a las mencionadas emisiones, por un valor total de 42 millones de euros, y de los 127 millones de la línea de crédito. Tras la solicitud, Codere disponía de cuatro meses para negociar y evitar tener que presentar concurso de acreedores.
Segú el acuerdo de “standstill”, durante las negociaciones para reestructurar la deuda de la compañía, el deudor se compromete a no presentar concurso, mientras que los acreedores no pueden emprender acciones legales ni requerir de pagos a éste.