Los bonistas acusan a los Sampedro de secuestrar Codere y de actuar de mala fe

Los bonistas defienden que su oferta, consistente en canjear la deuda por hasta el 82 por ciento del capital de Codere, más la inyección de 400 millones de euros, “continúa siendo la única alternativa viable a la apertura del procedimiento concursal, lo cual no sólo destruiría un gran valor para todos los stakeholders, sino que también tendría como resultado inequívoco una recuperación nula para los accionistas actuales”. Un destino al que el grupo se puede ver abocado si las partes, como parece, no acercan unas posturas que ahora son irreconciliables.

Los tenedores de los 1.000 millones de deuda que Codere ha dejado de atender señalan que “a pesar de los numerosos intentos por nuestra parte y por parte de nuestros asesores de negociar  con la Sociedad, no se ha obtenido ninguna interacción constructiva por parte de los gestores desde  principios de diciembre de 2013”.  Pero los bonistas van más allá en su carta al acusar a los Martínez Sampedro de actuar de mala fe y de ser inconsistentes en sus manifestaciones.

Los inversores institucionales no entienden porqué la familia no convoca una junta general de accionistas para que todos, tanto mayoritarios, como minoritarios, puedan votar la oferta. Por otra, muestran su desacuerdo en que la propuesta “no respeta la igualdad de trato entre todos los accionistas, privilegiando o tratando de manera diferente a unos respecto de otros”. Y aseveran que su alternativa es acorde a la ley y no “un fraude”, como la califican los Martínez Sampedro.

Punto a punto

Respondiendo a las cuestiones planteadas en la carta de Codere, en relación al trato discriminatorio, los bonistas sostienen que la oferta definitiva considera a todos los accionistas de manera igualitaria y les aporta un mayor valor del que recibirían en caso de  cumplirse el escenario alternativo: concurso. Los bonistas están dispuestos a ceder al equipo directivo (no a “ciertos miembros de la Familia Martínez Sampedro” como establece su carta), una porción de la participación accionarial que les correspondería a  dichos inversores como resultado de la restructuración de la deuda.

La diferencia, explican, es que los acreedores les ofrecen hasta el 18 por ciento del capital para incentivar al equipo directivo y maximizar el valor futuro de los accionistas, y los Sampedro reclaman entre el 35 y el 37,5 por ciento del capital ,según se recoge en sus contrapropuestas. “Resulta por ello muy sorprendente escuchar ahora la afirmación de que la existencia de un plan de incentivo de directivos discrimina a determinados accionistas de la Sociedad”, argumentan cuando es la propia familia la que los requiere por escrito.

Sobre la estructura de la oferta, Codere asegura que “no necesita recibir 400 millones de euros de  nuevo dinero”. Pero los bonistas responden que la familia los Sampedro les habían solicitado previamente 500 millones. “Estaremos por supuesto encantados de reducir el importe que tendríamos  que invertir en la Sociedad siempre y cuando nos aporten un plan de negocio creíble que nos  muestre que Codere puede sobrevivir y prosperar”, ya que de lo contrario el grupo acabará en manos de una administrador judicial. 

Ejecución a la vista

“Sólo podemos concluir que el  Consejo sigue estando influenciado por el accionista mayoritario, cuyo principal objetivo es retener el  control de la Sociedad a expensas de los demás stakeholders, incluyendo a los accionistas  minoritarios actuales”, sentencia la carta de los bonistas.

Estos inversores dan un paso y recuerdan que “llevaremos a cabo todas aquellas actuaciones que sean necesarias para intentar proteger nuestros intereses y recuperar todas las cantidades pendientes que se nos adeudan”. Por primera vez, advierten que “dichas actuaciones pueden incluir, entre otras, declarar el vencimiento de los bonos y la ejecución de las garantías de la operación constituidas”, lo que significaría acelerar un proceso concursal cuyo próximo hito no vence hasta el próximo 3 de mayo.

Además de no abonar los intereses a los bonistas, Codere también ha dejado de pagar una línea de financiación de 130 millones de euros a Canyon y GSO, dos fondos buitres que le concedieron este crédito el pasado verano para evitar la entrada inmediata en quiebra. Sin embargo, los Martínez Sampedro consideran que estos inversores están en complicidad con los bonistas y que entre ambos han llevado al grupo ha esta situación insostenible.