Dos son los operadores legales en Bolivia

Lo asombroso y lo que llama realmente la atención en el país, es que pese a haberse aprobado una norma rígida hace cuatro años, siguen operando varios negocios de manera clandestina, según el titular de la AJ, Mario Cazón, quien citó que en 2013 el ente regulador cerró 497 salas o lugares de juegos de azar y decomisó 3.152 máquinas o medios de juego.

“Estamos seguros de que el mercado ilegal de juegos se ha erradicado casi en un ciento por ciento desde 2011 hasta la fecha. Esto no quiere decir que la autoridad de juegos culminó con los operativos de intervención, más al contrario, continúan. Desde enero hasta el 7 de febrero de 2014 hemos intervenido 55 lugares de juego y se han decomisado 180 máquinas”, asegura Cazón.  

Toda esta situación se da pese a la ley aprobada el 25 de noviembre de 2010 que establece la legislación básica de los juegos de lotería y azar, y en la cual se creó la AJ, además del Impuesto al Juego (IJ) y el Impuesto a la Participación en Juegos (IPJ).

La norma legal creó dos impuestos de carácter nacional: el impuesto al juego con una alícuota general del 30 por ciento y el impuesto a la participación en juegos con el 15 por ciento, con ambos tributos se prevé una recaudación anual alrededor de 200 millones de pesos bolivianos. 

El impuesto al juego se aplica a quienes realizan juegos de azar y sorteos, mientras que el impuesto a la participación en juegos se grava a los jugadores. De acuerdo con la ley, el tributo a los jugadores se distribuirá en un 70 por ciento para el Tesoro General de la Nación (TGN), 15 por ciento al gobierno departamental y 15 por ciento al gobierno municipal.

Cazón destaca el accionar de su equipo fiscalizador que logró cerrar casi 500 salas de juego, además de incautarse de 3.152 máquinas que están en los depósitos de la AJ debidamente inventariadas.

Procesos y corrupción

Según la autoridad, las empresas que operaban en el país antes de la puesta en vigencia de la ley 060 no se adecuaron a la norma, aunque en el primer año de gestión de la institución dos empresas operaron por un año para después cerrar sus puertas al no haber logrado la renovación de la licencia.

Las operaciones de las empresas no eran transparentes y generaban una serie de indicios de corrupción que había que cortar poniendo en práctica la norma.

“Los malos empresarios del azar, una vez que intervino la AJ, recurrieron a una serie de recursos administrativos, jerárquicos y contenciosos administrativos para no pagar las sanciones impuestas, utilizando a terceros, mientras los verdaderos dueños abrían casas de juego clandestinas ensamblando máquinas hechizas”, acotó.

Debido a esa situación, la AJ anuncia que continuará con los procesos penales contra todo infractor a la ley.    

Cabe recordar que entre las más significativas de las intervenciones figuran las de las empresas de Bingo Bahití, Corhat Bolivia, Arte&Juegos, Money Track, Dorado, etc. 

Seguridad

El director regional de Santa Cruz, Beni y Pando, Eduardo Garcés Cáceres, manifestó que cualquier casa de juego que pretenda operar debe contar con cámaras de alta resolución, por ejemplo, las que tiene el nuevo Casino Flamingo, que cuenta con cámaras de tres megapíxeles que graban 30 cuadros por segundo; un sistema de video para grabar por 30 días; departamento de denuncias, sistema de tiques y otros.

La información de aspectos relevantes debe ser guardada en un lugar seguro (caja fuerte) para que la AJ pueda verla y fiscalizarla cuando así lo crea conveniente.

Así como estos mecanismos de seguridad, la AJ también desplaza cada día a un fiscalizador a la sala para verificar el correcto accionar del operador.

Flamingo alista más salas

Erick Peña Eishner, portavoz del grupo Curucusí Games que inauguró el Casino Flamingo en Santa Cruz, dijo que la apertura de esta casa de juegos marca el inicio de una nueva era para los juegos de azar en Bolivia. La empresa apuesta en el país porque considera que sus capitales están protegidos con la normativa.

“Ésta es una primera fase. Luego abriremos más salas en otras ciudades del país”, anunció Peña, al señalar que la inversión en el nuevo emprendimiento asciende a un millón de dólares.

Por su lado, la empresa Max Entertainment aún tiene que solicitar la inspección de la AJ para funcionar en los próximos días.