Torres agregó que aun deben negociar, pero cuestionó que los empresarios crean que se tratan de discusiones paritarias. “Es el Estado el que pone las reglas”, y agregó: “o acompañan el desarrollo, o les rescindimos el contrato”, refiriéndose al Casino de Iguazú y a Casinos del Moconá, las dos firmas que por estas horas están bajo la lupa.
Finalmente, adelantó que las próximas licitaciones serán por pueblo y no por región como ocurre hoy. “De esta manera el Estado recaudará más”, argumentó.
En el IPLyC consideraron que la actitud del grupo de empresas que tienen la explotación del juego es contraria a las necesidades de la provincia y cuestionaron que el canon que tributan, de un millón de pesos (más de 126.900 dólares) mensuales en el caso del Casino de Iguazú, es escaso en relación con sus ganancias.