Cabe recordar que el documento establece que la ciudad recibirá una suba de 300 millones de pesos (más de 48,17 millones de dólares) en la cuota que percibe de parte de Lotería Nacional. A cambio, el ejecutivo porteño no insistirá en imponer un tributo a la actividad lúdica, que por recursos judiciales nunca pudo cobrar.
“Se trata simplemente de un paso formal. La medida cautelar sigue, nosotros la apelamos y estamos en feria judicial”, explicaron en la Procuración de la Ciudad. Pero detrás de ese tecnicismo hubo una decisión política del macrismo de no renunciar al convenio, como pedían sectores de la oposición.
El convenio fue votado en una de las últimas sesiones de la Legislatura del año pasado, en un trámite que duró poco menos de media hora. Lo apoyaron los bloques del macrismo y el kirchnerismo más algunos aliados, pero se opuso el resto de la oposición.
Este convenio fue cuestionado por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien aseguró que se afectaba la percepción de recursos que, según la Constitución porteña, deben usarse para políticas sociales. Además, señaló que las excepciones impositivas deben ser aprobadas por la Legislatura en proceso de doble lectura (dos votaciones con una audiencia pública intermedia), lo que no se realizó. La jueza porteña Elena Liberatori le otorgó la cautelar.