Debe recordarse que, en esos días, el titular del IPJyC, Carlos Bianchinelli, aseguró que quería "evitar un proceso judicial. Ustedes saben lo que al Estado le cuesta ganar juicios".
Con este objetivo, el funcionario oficializó entonces la prórroga del polémico contrato de concesión de las máquinas tragamonedas por parte del grupo Vila-Manzano. El convenio -aseguró junto a Federico Domínguez, uno de los directores del casino- deberá ser homologado por la Suprema Corte provincial.
Los argumentos de Bianchinelli versaron en la necesidad de "terminar con el litigio" que mantiene el Gobierno con el grupo Vila-Manzano, por lo cual decidió prorrogar por 8 años el contrato vigente con un canon -para la empresa- del 43,85 por ciento de los ingresos de los tragamonedas.
El funcionario resaltó que "no hay perjuicio alguno para las arcas del Estado provincial" así como tampoco "hay irregularidad alguna" en el sospechado contrato.