Por la ley antitabaco y la alta fiscalidad

España: desciende la facturación del juego

07-06-2013
Tiempo de lectura 2:53 min
(España).- En cuatro años el sector del juego privado en España perdió el 38% de su negocio. En 2008 facturó un total de 6.619 millones de euros, mientras que en 2012 esta cifra bajó hasta los 4.105 millones. Los datos no incluyen las apuestas deportivas, que tan de moda se están poniendo en España.

En su conjunto, este sector empresarial e industrial representa el 2,5% del PIB español, según señaló José María Rotellar durante el XVIII Congreso COFAR, que agrupa a los empresarios del sector y que está presidido por el líder del mismo, Manuel Lao, dueño de Cirsa. En el cuatrienio, el sector del juego en España perdió 20.000 puestos de trabajo directo e indirecto, según cifras facilitadas a El Confidencial por José Sánchez-Fayos, secretario general de dicha patronal, que también forma parte de CEOE.

La puesta en marcha de la ley antitabaco y la alta fiscalidad (tasas especiales de juego) son las dos principales causas que los empresarios acusan en el descenso de la línea de su negoción. Sólo se salvan aquellas corporaciones que tienen negocios en regiones emergentes como Iberoamérica o Asia. Los empresarios mantuvieron muchos contactos con la Administración del Gobierno de Zapatero para evitar que la ley antitabaco pudiera afectar a los lugares de juego, pero la entonces ministra Pajín hizo caso omiso a sus ruegos y advertencias. Ahora todo parece indicar que el Gobierno les dará satisfacción en este crucial tema para ellos a cambio de dinamizar la economía.

En los cuatro años referidos, los casinos españoles pasaron de facturar 499 millones de euros a 293 en el 2012 con un continuo descenso del número de visitas, de su duración y del gasto medio por cliente. En relación al subsector de bingos, se ha pasado de facturar 1.298 millones a 625, y han desaparecido un total de 53 salas, con una caída de ingresos del 50% y la pérdida de 5.400 puestos de trabajo.

Por lo que respecta a salones de juego, en los últimos años se han cerrado más de 200 y los ingresos han caído un 22%, pasando de 566 millones de euros (2008) a 421 (2013).

Pese a que las populares tragamonedas ubicadas en bares y cafeterías continúan siendo el principal motor económico del juego privado, el dato cierto es que en los últimos cuatro años se han dado de baja 42.000 máquinas. Hay que recordar que cada una de ellas aporta al bar el equivalente de un salario mínimo interprofesional.

Pese a que la mayor parte de las comunidades autónomas (excepto Madrid) han subido las tasas de juego, los ingresos fiscales se han resentido en las arcas públicas. Si en el 2008 las Administraciones recaudaron 1.832 millones de euros, en el 2012 la cifra se quedó en 1.145.    

Situación insostenible
“El sector está enfermo, muy enfermo”, subrayó ante los representantes de las comunidades autónomas (que son las que tienen competencia en materia de juego y fiscalidad al respecto), Eduardo Antoja, vicepresidente ejecutivo de COFAR y uno de los mayores expertos españoles del sector.

En este sentido, los empresarios se han expresado con gran claridad ante el regulador público. Esta situación se hace insostenible porque caen alarmantemente los ingresos, se reduce la oferta, se elimina la inversión y se reduce drásticamente el empleo directo e indirecto. Recuerdan que hay 17 normativas diferentes (una por cada comunidad autónoma), más la estatal; que la oferta no evoluciona y, por lo tanto, resulta imposible captar nuevos clientes, se producen cambios de modelo de negocio no contrastados y las nuevas inversiones suponen mayores costes.

Entre las medidas que reclaman con urgencia se encuentra una nueva fiscalidad a la baja, la posibilidad de publicitar abiertamente y sin limitación los locales de juego y la ampliación y gestión de horarios de apertura y cierre.

Sánchez-Fayos indicó a los empresarios que la única manera de capear la crisis que les afecta es mejorar la oferta para atraer nuevos clientes sobre la base de “optimizar y no revolucionar”, pero insistió también -como el resto de los participantes- que la salvación de un sector que emplea a más de cien mil personas está en manos de las Administraciones Públicas que, hasta la fecha, lo único que han hecho ha sido “asfixiar” con tasas e impuestos y que al final lo que están consiguiendo es recaudar menos.

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