En relación a irregularidades en la operación de Bingo Mirage

Interpelarán a ministros bolivianos por supuesta protección a bingos

17-05-2013
Tiempo de lectura 1:13 min
(Bolivia).- Los diputados de Convergencia Nacional (CN), Jessica Echeverría y Moisés Salces, anunciaron que interpelarán a los ministros de Gobierno, Carlos Romero, y de Hacienda, Luis Arce Catacora, para que informen sobre una supuesta protección a los propietarios del bingo Mirage.

La diputada opositora exigió a las autoridades de Gobierno que dejen de defender a personas que tienen conductas irregulares, recordando que altas autoridades han recibido donaciones de los Florián Marc Groleau, presuntos propietarios de una red de casas de juego clandestinas.

Echeverría cuestionó la inacción del Gobierno en el tema, toda vez que días atrás ya había denunciado estos movimientos sospechosos de fondos realizados por el mencionado bingo, “Groleau depositó cinco millones de dólares en una cuenta de menores de edad denominado Bisa Junior”, recordó.

Por su parte, el diputado Salces dijo que en cumplimiento de su rol de fiscalización, los parlamentarios opositores plantearán pedidos de informe al ministro de Economía, Luis Arce Catacora, para que se expida sobre el monto de las transferencias de dineros que han realizado los ejecutivos de la firma Amazonic Mad SRL a la caja de ahorros Bisa Junior, que está a nombre de los ciudadanos franceses Groleau.

“También al ministro de Gobierno, Carlos Romero, para que informe si la Interpol de Bolivia tiene conocimiento sobre la búsqueda o petición de algún requerimiento de la policía francesa contra estos ciudadanos y si existe alguna orden de captura internacional”, adelantó.

El diputado opositor manifestó que están ante una red de corrupción que goza de privilegios por la protección de autoridades de Gobierno.

Por otro lado, la diputada Echeverría recibió ayer a trabajadores del bingo Mirage en la Brigada Parlamentaria Cruceña, quienes le informaron que la citada empresa no les cumplió con el pago de los beneficios sociales a 150 personas, que son afectadas en sus derechos laborales.

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