Edición Latinoamérica
06 de Agosto de 2020

Pretenden conectar las máquinas online para controlar su funcionamiento y regulación

Puerto Rico es escenario de un intenso choque de ideas por las tragamonedas

(Puerto Rico).- Un intenso choque de ideas en torno al futuro de las máquinas tragamonedas para adultos que operan en cientos de bares, colmados y otros negocios, se produjo el martes durante una extensa vista pública de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes.

M

ientras el Departamento de Hacienda estimó que la implantación de un sistema regulador de esas tragamonedas no es viable a corto plazo, operadores de las máquinas opinaron que en 180 días es posible instalar conexiones para someterse a regulación electrónica de esa agencia.

El Proyecto de la Cámara 916 propone crear un Sistema Integrado Regulador (SIR) para fiscalizar las citadas máquinas, que según reafirmó en la audiencia la Compañía de Turismo, operan en violación a la Ley de Juegos de Azar. La medida es una de varias propuestas para sumar fondos al erario público, principalmente al Sistema de Retiro del Estado Libre Asociado, que tiene un déficit actuarial de unos $ 35.000 millones.

Ingrid Rivera, directora de la Compañía de Turismo, anticipó a periodistas antes de testificar ante los representantes, que su agencia se opone al Proyecto 916. Minutos antes, el subsecretario de Hacienda, Pedro Cintrón, levantó reparos sobre disposiciones de la medida, y destacó que la dependencia auscultaría con las partes interesadas para eventualmente adoptar una posición formal sobre la propuesta legislación.

Por su parte, Eric Navarro, portavoz de la compañía Empresa Puertorriqueña de Recreación Comercial (Emprecom), que representa a operadores de las cuestionadas máquinas, anticipó que el Proyecto 916 contiene múltiples errores y opinó que, de aprobarse, abriría la puerta para delegar la regulación a una empresa privada, en lugar de establecerse fiscalización directa del Departamento de Hacienda.

En declaraciones a periodistas, antes de participar en la audiencia, Navarro rechazó que la operación de esas máquinas represente un reto a la clientela regular de casinos de hoteles e insistió que si el Departamento de Hacienda crea un sistema para regularlos se podría propiciar la creación de 5.000 empleos e ingresos adicionales para el erario.

Navarro subrayó que forma parte de una empresa que ha operado en el país por 20 años "y por esfuerzo propio nos hemos ganado un espacio" en el mercado y están dispuestos a pagar $ 250 por licencia por cada máquina.

El subsecretario de Hacienda, Pedro Cintrón, por su parte, explicó a los legisladores que la agencia reconoce "la necesidad de que las máquinas de entretenimiento para adultos y cualquier otro sistema de juegos que se pretenda incorporar a nuestra jurisdicción estén regidas por unos parámetros que permitan la operación de las mismas en forma planificada, ordenada y legal".

Cintrón dijo que a petición del gobernador, la agencia reunirá grupos de interés, incluyendo a los hoteleros y operadores de casinos, para escuchar ideas y reclamos con la idea de adoptar eventualmente la posición definitiva sobre el proyecto. Sin embargo, en la audiencia, el funcionario comentó que para establecer el SIR, según sugiere la medida, habría que abrir un proceso de licitación y eventualmente otorgar una subasta para que alguna empresa opere el sistema de conexión electrónica regulador.

A Cintrón se le cuestionó si Hacienda tendría la capacidad real al presente para lograr el monitoreo a distancia de las máquinas, y el funcionario respondió en la negativa.

Durante la vista, a Cintrón también se le preguntó sobre cómo se regularía el acceso de niños a los lugares donde ya operan esas máquinas, pero no hubo respuestas categóricas. El representante popular Eduardo Ferrer expresó dudas sobre una efectiva regulación de Hacienda, al plantear que esa agencia ha sido incapaz de lograr una adecuada captación del Impuesto de Ventas y Uso (IVU). Mientras, el representante novoprogresista José Aponte opinó que esas máquinas se vinculan a prácticas que afectan de forma negativa a las familias porque muchas personas apuestan en colmados el dinero para el sustento de sus hijos.

Al responderle a Ferrer, Cintrón dijo que la ley del IVU es "joven" y una captación de 60% de los recaudos, aunque no es adecuada, podría aumentarse a corto plazo, porque "toma tiempo" orientar a los contribuyentes para hacerlos cumplir plenamente.

Después de Cintrón, testificó la designada secretaria de Agricultura, Myrna Comas, quien favoreció la aprobación del Proyecto 916, porque generaría fondos adicionales para su agencia afectada por dramáticas reducciones presupuestarias que afectan el cultivo de café, cítricos, así como la ganadería y otros.

Más tarde, hablaría en la audiencia la directiva de la Compañía de Turismo, Ingrid Rivera, quien a su llegada al Capitolio reafirmó a periodistas que está en agenda la reactivación del grupo interagencial o "Task Force" que en el pasado incautó las máquinas tragamonedas que el Proyecto 916 pretende legalizar.

En ponencias sometidas a la Comisión de Hacienda de la Cámara, al igual que el Departamento de Agricultura, se expresaron a favor del Proyecto 916 la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda, la Asociación de Alcaldes y la Asociación de Constructores de Hogares, entidad que elogió una disposición de la medida para "concesión de aportaciones de gastos de cierre o prontos" y fondos para "programas de seguro hipotecario".

En la vista pública, que comenzó a las 9 de la mañana y continuó durante la tarde, se pretendió discutir a fondo otros proyectos de ley sometidos para allegar fondos adicionales para el Sistema de Retiro, pero el debate giró mayormente en torno a las propuestas sobre las máquinas de juegos en bares, colmados y otros negocios y su reto a las que operan altamente regulada en los casinos de hoteles.

En la audiencia se recogieron opiniones, pero con menor énfasis, sobre los proyectos de la Cámara 917, para aumentar a 4% la contribución mínima a megatiendas; el 926 para eliminar la exención contributiva de licores en tiendas militares; el 896 para aumentar los arbitrios sobre la venta de cigarrillos y el 12 para crear la Mini Loto del Pensionado.

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