La empresa del grupo Vila difundió los números a través de una solicitada publicada por el Diario Uno. Allí acusan operaciones de prensa y también a “algunos legisladores” que los cuestionan.
Los cuadros de ingresos difundidos, y no desmentidos por el Gobierno, indican que entre enero y marzo del año pasado se recaudaron $ 16.742.793 (U$S 3.255.769). Para el Estado quedaron $ 11.190.883 (U$S 2.176.156) y para la empresa $ 5.000.000 (U$S 972.289); con un canon del 33%.
Según la misma fuente, entre enero y marzo de este año la recaudación fue de $ 24.538.909 (U$S 4.771.787) y para el Instituto de Juegos y Casinos quedaron $ 13.005.621 (U$S 2.529.047), es decir $ 1.800.000 (U$S 350.024) más, un 16% más (menos que la inflación real). Pero para la empresa quedaron $ 11.533.288 (U$S 2.242.740), es decir el doble de lo que ganaba hace un año.
Pero en la información difundida hay una distorsión. La empresa MCE da por hecho que el Estado ya le paga el 47% de canon, según lo acordado en el polémico contrato renegociado por Daniel Pereyra. Pero hasta ahora el canon es del 40,09% y la diferencia la empresa la reclama administrativamente. En el Estado se resignan a que a futuro deberán pagar la diferencia, aunque dicen que esperan el dictamen del Fiscal de Estado para tener blindada legalmente la decisión.
Además de reclamar una deuda millonaria desde el Estado, la empresa también pidió que se le reconocieran “mayores costos” por las obras realizadas en el Casino, por lo que el monto se hace más suculento.“La sociedad mendocina debe conocer los verdaderos resultados para que las tergiversaciones u operaciones de medios y las rimbombantes declaraciones de legisladores atados a esos medios queden al descubierto”, dice la solicitada en la que se difunden los números.
La letra chica
En la misma publicación MCE aduce que el Estado recibió $ 1.800.000 (U$S 350.024) extra un año después (en realidad fue un poco más porque se paga el 40% y no el 47% de canon).
Lo que no está aclarado en esa publicación es cómo se dividen los gastos. El Instituto de Juegos y Casinos se hace cargo de todos los gastos de personal, servicios, seguridad y hasta publicidad. Por eso en el balance general le queda menos que el 53 o el 60% de canon. Según cálculos extraoficiales, al Instituto le queda de ganancias cerca menos del 30% reales luego de pagar todos los gastos.
Para tener una idea, en los anexos del casino las empresas concesionarias reciben un canon alto, pero la ecuación es inversa: los concesionarios se hacen cargo de pagar la mayoría de los gastos; desde parte del personal, servicios, alquiler, premios, cortesías, mantenimiento y otros gastos. Los anexos de Alvear y Malargüe tienen un canon del 50,7%. Los de La Consulta y Tupungato del 50%. Para los de Uspallata, Eugenio Bustos, San Martín y Rivadavia, el canon es del 49%.
MCE se quedó con las concesiones de las tragamonedas del casino luego de una triangulación de empresas. Originalmente, esa concesión la tenía Cirsa. Durante la gestión anterior, el Instituto de Juegos realizó una polémica renegociación del contrato, antes de que termine el plazo y entregando amplias ventajas a MCE. El Estado le pagaba un canon del 24% al concesionario y con el nuevo contrato se prometió el 47% de los ingresos en etapas (actualmente se paga el 40,09%). Lo único que aporta la empresa son las tragamonedas y también tuvo que hacerse cargo de las reformas edilicias del Casino para ampliar el espacio destinado a las máquinas.