Según informó el semanario Brecha, el Estado debió hacerse cargo de multas y recargos ante la dirección de Aduanas para regularizar la situación de las máquinas. Por cada slot, Chá pagó U$S 9.400 por cada tragamonedas marca Orión, modelo T2, que tenían en ese momento una antigüedad de dos años, cuando una máquina de última generación cuesta U$S 10.000, informa el semanario.
El titular de Casinos acusa a sus gerentes de no haberle informado de la ilegitimidad. En su momento, Chá argumentó ante el Parlamento que, desde el punto de vista comercial, la opción le pareció "impecable". Sin embargo, reconoció que los servicios técnicos de la institución desaconsejaban instalar las tragamonedas por considerarlas antiguas.
El directivo declaró ahora ante la Justicia de Crimen Organizado. Allí admitió que esas máquinas funcionaban en el país de manera ilegal y que Estado deberá pagar tributos y tasas de importación para legalizarlas, además de las multas y recargos ante el hecho irregular.