Si el acuerdo también alcanza la aprobación del Senado se vería restringido un negocio por el que, según las estadísticas, a los sitios donde se encuentran localizadas las máquinas han ingresado millones de dólares, mientras la solicitud de licencias para operarlas y el pago de impuestos sobre las ganancias han sido insignificantes.
Dentro del condado Miami Dade, uno de los ayuntamientos que más enérgicamente ha combatido el uso de las tragamonedas con fines de lucro es la ciudad de Miami. Incluso, algunos señalan que las divergencias de criterios respecto a la forma de eliminar la ilegalidad en la tenencia y operatividad de estas máquinas fue el detonante de la pugna entre el alcalde Tomás Regalado y el ex jefe de policía Miguel Expósito que derivó en la destitución del oficial al frente de ese cuerpo de orden.
Al trascender la noticia de la medida aprobada en la Legislatura, Regalado narró: “Cuando llegamos a la alcaldía en medio de la crisis financiera, se buscaron formas de obtener nuevos ingresos. Encontramos que esas máquinas (las tragamonedas) apenas pagaban centavos de impuestos sobre sus ganancias y tampoco había un control de los lugares dónde estaban”.
“Cualquier persona llegaba a la ciudad, pagaba U$S 100 por una única vez cuando adquiría las máquinas, aunque tuviese cualquier cantidad en un local, y la ciudad carecía de control, a pesar de que se sospechaba que algunas eran utilizadas en juegos ilegales”, explicó.
Ésta fue la razón que motivó al departamento de leyes de la ciudad de Miami en el año 2010 redactar una ordenanza mediante la cual se establecía que por cada máquina en existencia, el propietario de local debía pagar anualmente una licencia de U$S 500, además de informar el lugar exacto donde estarían localizadas.
Esa ordenanza fue reconocida entonces como la más estricta de las que había en el estado de la Florida, aseguró Regalado, “mucho más severa que la existente en Hialeah”. La implementación de la ordenanza no significó que la actividad prohibida haya sido completamente eliminada.
“Por esa razón la policía de Miami continúa desarrollando operaciones encubiertas”, advirtió Regalado. Comentó que el método para combatir el juego ilegal se enrareció cuando el pasado jefe de Policía (Expósito) comenzó a hacer pública la realización de las redadas.
“A partir de que se dio a conocer que el gobierno estaba tras la ilegalidad de las máquinas, los propietarios comenzaron a cohibirse de venir a comprar las licencias porque ésta los obliga también a informar el lugar específico donde las tienen ubicadas”, agregó.
El alcalde se mostró satisfecho con que al fin la legislatura haya definido el tema de las máquinas de juego como el de los cibercafé “porque hasta ahora todo esto sólo estaba regulado en ordenanzas locales, y a nivel estatal se encontraba en un limbo”.
“Con esa nueva medida, que posteriormente tendrán que explicar cómo funcionará cuando entre en vigor, la legislatura por fin ha tomado acción en algo que era necesario”, opinó.
Según el punto de vista de Regalado, el principal problema que acarrea el empleo de las máquinas tragamonedas con fines lucrativos es que “muchas personas de modestos recursos se juegan decenas de dólares, apelando a la suerte en espera de un retorno que nunca obtienen”.
“Los únicos que se benefician realmente son los propietarios de las máquinas que se apropian un alto por ciento del dinero depositado en las máquinas”, sostuvo.
Tomás Regalado anunció que los lugares donde según los informes obtenidos por la policía se encuentra el mayor número de máquinas tragamonedas son La Pequeña Habana y la ciudad de Allapattah.
Dentro de los temas pendientes en la ciudad de Miami y que contribuiría a combatir la ilegalidad en el juego y otras esferas, está la contratación de más policías, aspecto que recientemente fue identificado en el informe del estado de la ciudad rendido por esa administración.