La línea de la legalidad debe ser muy clara. En el momento en que un operador de juegos de suerte y azar deja de operar con autorización, entra inmediatamente en una situación irregular. Está dejando de aportar recursos que le pertenecen a la salud de los colombianos”, declaró Rodrigo Vélez Jara, Presidente de Coljuegos.
La entidad adelanta el proceso sancionatorio que conducirá al decomiso definitivo de las máquinas retiradas para su posterior destrucción y podría imponer una multa de hasta $ 940 millones (U$S 515.209).
“Estos operadores se juegan también la posibilidad de seguir en esta industria porque quedarían inhabilitados hasta por cinco años. No podemos permitir que en Colombia sea más rentable ser ilegal, pues hay empresas en este sector que sí cumplen y no es equitativo que compitan con aquellos que no pagan”, agregó Vélez Jara.
Paralelamente, Coljuegos recopiló material probatorio para interponer las respectivas denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación contra los presuntos implicados en la operación de este establecimiento.
En lo que va del año, Coljuegos retiró más de 60 tragamonedas por operar fuera de la ley. Estas acciones de control han contado con el apoyo de miembros de la Fuerza Disponible de la Policía Metropolitana.
