Ángel Matos, representante que preside dicha comisión, explicó que a través de la Resolución 129 pretende investigar a fondo la situación de los casinos en Puerto Rico, que ha llevado al cierre de muchos de ellos. “Por los pasados 11 meses, en Puerto Rico han cerrado seis casinos, esto representó la pérdida de 625 empleos directos”, aclaró Matos.
El representante enfatizó que la proliferación de las máquinas tragamonedas de entretenimiento para adultos, introducidas en la Isla en 1997 –tras una enmienda al Código de Rentas Internas– ha sido uno de los principales detonantes de esta situación.
“Por los pasados años, ha habido una ausencia total de una política pública clara sobre el uso de las tragamonedas de entretenimiento para adultos. Siempre ha sido un término completamente ambiguo, porque el entretenimiento para adultos es tan grande como el país”, señaló.
Según el representante, parte del problema principal es que estos juegos de azar carecen de fiscalización. “La finalidad de la investigación es lograr que el Departamento de Hacienda le presente al gobernador cuál será la política pública clara sobre las máquinas de entretenimiento para adultos, ya sea a través de su eliminación por completo, la prohibición de que se traigan nuevas máquinas o que se fiscalicen y se canalicen las que ya están allá fuera”, sostuvo el legislador.
Explicó que él estaría de acuerdo con que los municipios reciban una porción de los ingresos provenientes de las licencias que se pagan en Hacienda por las máquinas de entretenimiento, que sobrepasan los $ 2.000 por máquina, para que compartan la tarea de fiscalizar. “Puerto Rico no puede perder un casino más y hay que tomar una decisión final de si se van o se quedan ahora en el 2013”, aclaró.
Se espera que el proceso de vistas públicas ocurra durante el 26 y 27 de febrero y depongan miembros de la industria de casinos y funcionarios como la secretaria de Hacienda designada, Melba Acosta, y la directora de la Compañía de Turismo designada, Ingrid Rivera.