El diputado Jorge Gandini (Partido Nacional) dijo al diario El País que el Hotel-Casino adjudicado en Paysandú por parte de la Dirección General de Casinos es "un negocio preocupante", porque "la propuesta no cierra y los fondos no están declarados en Argentina".
"Es una propuesta de explotación de sistema mixto, con una lógica a la inversa de lo que renta toda iniciativa presentada ante Casinos. Es un hotel grande con un casino chico: eso no deja renta y es lo que se ha presentado en Paysandú y lo que la comisión asesora recomienda adjudicar", dijo Gandini.
El pasado 31 de diciembre, Casinos solicitó al Poder Ejecutivo que dejara sin efecto la adjudicación al grupo económico ICK (oriundo de Santiago del Estero, Argentina) del Hotel-Casino en Atlántida, donde se preveía invertir U$S 15 millones.
Según el director de Casinos, Javier Chá, tomó la decisión porque el inversor "no demostró ser serio para contratar con el Estado". El 13 de diciembre, horas antes de firmar el contrato, el grupo ICK comunicó que no estaba en condiciones de suscribirlo; y hasta el 31 de diciembre, según Chá, "no dio señales de vida". Esa misma razón llevó a Chá a suspender la mudanza del organismo a un edificio propiedad del grupo ICK, al que pagaría U$S 5 millones en diez años por el alquiler.
Gandini dijo que ambas resoluciones "son bienvenidas", aunque lamentó que "fueran tomadas cuando la dudosa apariencia de ambos negocios tomó estado público (a través de notas periodísticas en el diario El País) y motivó pedidos de informes de legisladores". Gandini dijo que espera que, "siguiendo la misma lógica de gestión", Casinos "investigue" al futuro inversor de Paysandú".
Según consta en un pedido de informes elevado a Casinos, Gandini aludió a la “licitación Internacional 7/09-Hotel+Casino en Paysandú”, sobre la que la Comisión Asesora recomendó adjudicar a Muriler S.A., integrada por el empresario argentino Alberto Goitía (70%) y por el empresario uruguayo Mario Macri (30%).
"Según la información que tengo en mi poder, los fondos proceden de un paraíso fiscal y no están declarados en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) argentina, por lo tanto no tributan renta al fisco de ese país que tiene un sistema de renta universal. En consecuencia, es de suponer que los fondos son, al menos, producto de la evasión fiscal de los negocios presentes en Argentina. De lo contrario, estarían depositados en Argentina y en la declaración de bienes del grupo inversor. Sin embargo, están depositados en Bahamas, no figuran en la declaración de renta y son los únicos fondos disponibles", afirmó.
Según Gandini, cuando el grupo inversor manifestó que los fondos que tenía en Argentina no eran suficientes para enfrentar el total del emprendimiento que asciende a U$S 22 millones, "se presentó como complemento una carta dirigida al Ministerio de Economía de Uruguay de la Société Générale Private Banking de Bahamas, acreditando depósitos a su nombre por U$S 7,7 millones, que no figuran en su declaración de bienes ante el Estado argentino".
"Es necesario que la administración del Ministerio de Economía investigue la procedencia de los fondos de quien va a ser en el futuro un socio del Estado en la explotación de casinos", dijo Gandini.
También cuestionó la presencia en diversos negocios con Casinos del abogado Álvaro Galeano. Chá dijo que no hay "nada ilícito", y que Galeano puede representar cientos de proyectos de inversión porque no hay norma legal que se lo impida. "Galeano no es un inversor, es un operador influyente en Casinos, le lleva negocios, es un intermediario que tiene conocidos a ambos lados del mostrador. Me preocupa el conocimiento personal de Chá y Galeano", dijo Gandini.