Edición Latinoamérica
23 de Noviembre de 2020

La sala funcionaba en Las Condes

La SCJ de Chile apelará una resolución sobre el procedimiento contra un casino ilegal

(Chile).- La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) apelará a la resolución del 4° Juzgado de Garantía de Santiago que accedió a la suspensión condicional del procedimiento solicitada por el Ministerio Público, en el marco de la querella criminal que el organismo regulador y fiscalizador presentó en julio de este año en contra de quienes resulten responsables, en calidad de autores, cómplices o encubridores del “Club Deportivo Poker House San Carlos de Apoquindo” por los eventuales delitos contemplados y sancionados en los artículos 277 y 278 del Código Penal.

L

o anterior, debido a que el organismo considera que la facultad que tiene la Fiscalía de solicitar la suspensión condicional del procedimiento -según lo establecido en el artículo 237 del Código Procesal Penal- debe ser ejercida cuando a lo menos se hayan agotado las diligencias tendientes al esclarecimiento del hecho y las personas que participaron en el ilícito, lo que no habría ocurrido en este caso. Por ejemplo, se formalizó sólo a tres personas, siendo que en la carpeta investigativa consta la participación de más personas en el delito, además de haber diligencias solicitadas y reiteradas por la SCJ que aún no se han efectuado.

A juicio del organismo, en la investigación quedó claro que se explotaba ilegalmente un casino, tanto así que incluso los implicados en el delito habían puesto en escena una estructura -que contaba hasta con personalidad jurídica propia- para ocultar la comisión del ilícito penal, dándole la apariencia de legalidad a sus actividades delictuales.

Para la SCJ las condiciones solicitadas por el Ministerio Público para suspender el procedimiento, es decir la fijación de domicilio de los imputados y la entrega de las especies incautadas para su destrucción o bien para ser destinadas a otros fines, resultan totalmente insuficientes con relación al delito cometido, con lo que en definitiva el hecho queda en la más absoluta impunidad.

Por lo demás, al obrar de esta manera se da una señal a quienes desarrollan este tipo de delitos, que la mayor complicación que podrían tener es la pérdida de la inversión -mesas de póker, juegos de cartas, dispositivos de detección de billetes falsos, sillas, entre otros-, no existiendo riesgo alguno de sufrir las consecuencias -multas de hasta 20 UTM y privación de libertad de hasta 5 años- que el legislador previó para estos ilícitos.

Cabe recordar que la acción judicial se interpuso luego de que el 19 de julio pasado una investigación policial lograra determinar que en el inmueble ubicado en la calle Luis Matte Larraín 9786, en la comuna de las Condes, funcionaba de manera ilegal un casino de juego, constituyéndose delitos penales y civiles y una abierta vulneración a la Ley N° 19.995 que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de los casinos de juego en el país.

Dicho cuerpo legal, que prohíbe que los juegos de azar puedan explotarse fuera de los casinos autorizados, le otorga a la Superintendencia facultades de control explícitas, tales como “accionar ante los tribunales de justicia, de oficio o a petición de parte, respecto de la explotación o práctica de juegos de azar desarrollados al margen de la presente ley por personas o entidades no autorizadas; como asimismo por los delitos e infracciones de que tome conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones fiscalizadoras” (art. 42, N° 16).

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