El integrante de la unicameral resaltó que se comprobó que los efectos de la actividad lúdica sobre las clases de menores recursos “no mejora su situación” y que también es una herramienta para lavar dinero.
“No hay control sobre el dinero que circula y genera el juego”, afirmó. También especificó que estudios efectuados en Estados Unidos revelaron que a partir del séptimo año de la instalación de centros de juego en una zona, el número de quiebras personales y casos de violencia familiar y la tasa de divorcios y de criminalidad aumentan perceptiblemente. Y lo emparentó con lo sucedido en San Francisco (la ciudad cordobesa), donde se registraron varios suicidios.
Como se conoce, el juego en Córdoba se reparte entre la Lotería provincial y una firma privada a la que se concesionó la explotación de las máquinas tragamonedas, un negocio que lo posee por 25 años la Compañía de Entretenimientos y Turismo SA (CET), controlada por el Grupo Roggio.
Elorrio planteó que hasta que se ponga en funcionamiento el órgano que pretende crear, debería incrementarse de manera preventiva en un 100% los impuestos vigentes del rubro. En cuanto al organismo a concretar, solicitó que esté conformado por representantes de las universidades nacionales de Villa María, Córdoba y Río Cuarto y que sean un contador público nacional y un médico o licenciado con sobrada experiencia en el tratamiento de las adicciones.
El órgano controlará el plexo normativo vigente, en relación a los juegos de azar en la provincia y el seguimiento de la evolución del impacto social del juego en la comunidad. En el proyecto de ley señaló que los integrantes del cuerpo de control podrán requerir a las personas que operen la concesión del juego todo tipo de documentación e información que consideren necesaria.