Con el objetivo de contrarrestar la prórroga de las licencias

Proponen que el Estado bonaerense obtenga el 69% de las ganancias de los bingos

19-07-2012
Tiempo de lectura 2:42 min
(Argentina).- La senadora provincial de la Coalición Cívica, María Isabel Gainza, busca darle pelea a la decisión tomada por el gobierno de Daniel Scioli de prorrogar las licencias de las salas de juegos para obtener recursos que le permitan abonar los aguinaldos.

La legisladora propone cambiar el canon que pagan los bingos y el cobro de tributos, fijando en un 65% el porcentaje mínimo de premios y dejando el 69% de las utilidades brutas en manos del Estado y el 31% para las salas de bingo.

El Gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, dispuso finalmente autorizar la ampliación de las licencias de bingos y salas de juego en el territorio bonaerense para conseguir fondos frescos que le permitan completar en agosto el pago de los aguinaldos de junio de los empleados públicos. El plazo máximo de renovación se fijó en 15 años. Originalmente, sólo se podían ampliar las licencias hasta una década a partir de su vencimiento.

El decreto 561, firmado por Scioli y diez miembros de su gabinete, fue publicado en el Boletín Oficial bonaerense. La norma anula un decreto anterior que disponía el fraccionamiento del pago de los sueldos complementarios del pasado semestre y determina que la parte que queda por abonar se efectivice el 15 de agosto, computando lo ya pagado en virtud de la norma previa como "anticipos a cuenta" de la gratificación semianual.

En los fundamentos del nuevo decreto, Scioli explicita las tres fuentes de financiamiento que le permiten estar seguro de que podrá completar el pago de los aguinaldos en la fecha indicada (antes había anunciado que lo haría en cuatro cuotas, y finalizaría en octubre): el cobro de cánones por la renovación de las licencias de los bingos, el ingreso adicional producido por una reforma impositiva aprobada en mayo y la emisión de un bono a dos años para los pagos a proveedores del Estado bonaerense..

“Decidimos realizar este aporte porque estamos frente a una maniobra escandalosa: un negocio para pocos y una miseria para muchos. Con la modificación de utilidades que planteamos en los proyectos, el Estado pasaría a recaudar $ 800.000.000 (U$S 175.714.350) por año por este concepto”, explicó María Isabel Gainza.

A través de dos proyectos de ley, la senadora propone aumentar las utilidades que obtiene el Estado provincial por la actividad de los bingos fijando en un 65% el porcentaje mínimo de premios que abonarán las máquinas tragamonedas y elevando la alícuota que paga la actividad por ingresos brutos.

Uno de los proyectos modifica la Ley 14.333 para llevar la alícuota de ingresos brutos de la actividad del 8% a una tasa diferencia bajo el siguiente esquema: “grava con una alícuota del 10% sobre los Ingresos Brutos a la Explotación de Salas de Bingo, y una alícuota del 12% a la Explotación de Máquinas Tragamonedas”.

La otra iniciativa, en tanto, modifica el canon que abonan los bingos al fisco bonaerense, habilita el cobro de tasas municipales y dispone que sea el Estado el encargado de controlar el sistema de verificación de las máquinas tragamonedas.

En sus fundamentos, el proyecto plantea que “se observa que el producido por las distintas actividades del género que se desarrollan en este territorio benefician notoriamente a los operadores privados en detrimento del Estado, desvirtuando en consecuencia tanto la letra como el espíritu de la Constitución provincial”.

De este modo, la Coalición Cívica propone fijar en un 65% el porcentaje mínimo de premios que abonarán las máquinas tragamonedas al tiempo que modifica el esquema de ganancias de las empresas, dejando el 69% de las utilidades brutas en manos del Estado y el 31% para las salas de bingo.

Para garantizar un correcto cálculo del canon establecido, se dispone “el permanente mantenimiento del sistema de verificación” de las tragamonedas que deberá ser ejercido por el estado provincial. Actualmente, ese servicio es prestado por un operador privado.

Asimismo, el proyecto plantea que “los municipios podrán gravar con tasas y/o contribuciones la actividad comercial que se autoriza por la presente” normativa.

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