“De los ingresos brutos de casinos un 20% va a cada región. Un 10% al municipio y el otro 10 al Gobierno Regional. De aprobarse esta ley, tal como está concebida, el municipio de Arica perdería cerca de 2.500 millones de pesos anuales, mientras que la pérdida en Iquique sería superior a los 3.500 millones, lo que correspondería en ambos casos a más del 37% de los ingresos propios”, dijo el parlamentario.
Asimismo, precisó que es necesario debatir indicaciones a la ley, pero tratando de compatibilizar la necesidad de que se generen inversiones en los casinos que puedan convertirlos en focos de atracción turística.
“Creo que es fundamental proteger los ingresos municipales que se generan por concepto de los casinos que hoy funcionan tanto en Arica como en Iquique. Sin embargo, considero que también es oportuno hacer algún tipo de exigencias a las empresas concesionadas para que modernicen las dependencias y hagan un aporte real al turismo regional”, agregó.
También sostuvo que, en caso de que sean los municipios los que sigan administrando los casinos, es importante establecer ciertas normas que resguarden la transparencia del proceso de licitación que hará cada municipalidad.
“Por ello se ha propuesto que las bases de licitación sean vizadas por el Superintendente de Casinos y que esta misma institución realice la precalificación de oferentes para evitar lavado de dinero u otro tipo de problemas”, detalló.
De igual forma, Rossi añadió que en la comisión evaluadora y de adjudicación participe el Superintendente de Casinos y un representante del Gobierno Regional, y que de los aportes al Municipio se destine un porcentaje para ser distribuido en las otras comunas de la región como aporte al impacto de contar con un casino municipal que limita la posibilidad de otro establecimiento de juegos.
Finalmente, el parlamentario dijo que si bien lo que pretenden los alcaldes de los municipios afectados es que en el marco de la ley se otorgue una prórroga, el tema de fondo sería establecer por ley una política distinta para los casinos creados con anterioridad a la ley 19.995 y los de estatuto jurídico diferenciado para que no se pierda el aporte municipal que hoy es imprescindible para el funcionamiento municipal y los servicios ciudadanos asociados.