Según dicha Asamblea, las apuestas deportivas "están poniendo en peligro el orden público y el estado de derecho". De este modo, las propuestas de la ponente Anne Braseeur han calado para que se inste a los gobiernos a "prohibir las apuestas en aquellas competiciones más vulnerables a la corrupción", como los torneos juveniles o de divisiones inferiores del profesionalismo.
En esta línea, el Consejo de Europa pretende que las federaciones deportivas y las casas de apuestas se impliquen en impulsar una serie de mecanismos para detectar las posibles apuestas ilegales.
El gran problema es que únicamente diez países han aprobado una legislación sancionadora del fraude deportivo, ante lo que se considera que el resto de países deberían "adaptar su marco legislativo y garantizar su armonización".