Por tanto, salvo sorpresas de última hora, el proyecto está a punto de convertirse en papel mojado, y no llegará a hacerse realidad. Ni el Gobierno de Aragón ni los propietarios han recibido noticias de la promotora International Leisure Development (ILD). Lo único que saben es que ILD no ha abonado los pagos de junio y octubre de la prórroga de opción de compra, que fue firmada hace un año.
Los propietarios de las 1.100 hectáreas que habían rubricado las opciones de compra sólo han percibido 1.200.000 euros, es decir, el 14% del valor del suelo, en las sucesivas prórrogas que ha ido solicitando la promotora. La última, se acordó en febrero del año pasado, aunque los propietarios sólo han cobrado finalmente una de las tres partes de esa prórroga por un año más. El importe de la operación asciende a 18 millones de euros, por lo que el viernes se deberían haber abonado 6,5 de euros.
Además, recientemente se conoció que el despacho de abogados Garrigues, asesor de ILD, había denunciado la deuda de la promotora en el pago por honorarios adeudados, por lo que se emitieron órdenes de embargo sobre las opciones de compra de algunas de las tierras.
Pese a ello, y aunque el proyecto no se ejecute, la cantidad cobrada hasta ahora (1.200.000 euros) se quedará en la localidad del Bajo Cinca, pues según se indica en la prórroga del contrato, en caso de no formalizarse la compra por parte de la promotora, los propietarios mantendrán sus tierras, sin tener que devolver el dinero cobrado hasta el momento.