Ordenaron en España el cese de actividades de los sitios Miapuesta.com y Miapuesta.es

Esta medida es consecuencia de las acciones judiciales entabladas por Codere contra varias compañías explotadoras de servicios de juego y apuestas a través de Internet que operan desde España.

Codere viene promoviendo el más estricto cumplimiento de la legalidad vigente en el sector del juego y de las apuestas comerciales. Actualmente, varios explotadores de juegos y apuestas a través de Internet han irrumpido en el mercado. Estos servicios están disponibles para usuarios situados en territorio español.

Según ha declarado el Gobierno, tanto en la Memoria de la Ley del Juego, como en respuestas recientes a la Comisión de la Unión Europea, tales actividades son ilegales en tanto no sean autorizadas y además se vienen desarrollando sin pagar impuestos, sin garantías para los usuarios y perjudicando a los operadores que actúan en el mercado de forma legal. Codere comparte estas afirmaciones.

El auto, del 15 de diciembre de 2011, adopta la medida cautelar de cesación y prohibición de las actividades de juego online en España, publicidad de actividad de juego, obtención, uso o cesión de datos personales obtenidos a través de actividades online y la cesación y prohibición de envío de comunicaciones individualizadas o masivas a través de correo electrónico relativas a actividades de juego online.

La medida cautelar se ha adoptado al considerar que se están realizando actos de competencia desleal y que “las apuestas que indiciariamente se están realizando por las futuras codemandadas y la urgencia es especialmente clara en casos en los que hay difusión publicitaria por Internet”, concluye el Juzgado.

Codere viene desarrollando, desde hace ya algunos meses, algunas actuaciones que tienden a preservar sus derechos, coadyuvando con los poderes públicos a normalizar estos juegos de azar y apuestas llamados online, de manera que se cobren los impuestos no pagados por aquellos que han venido desarrollando tales actividades y se impongan las sanciones que correspondan y de manera también que, en el proceso de legalización de las actividades en cuestión que culmine en su día mediante la concesión de autorizaciones, se cumplan efectivamente los principios de transparencia e igualdad ante la ley y se impidan ventajas competitivas de acceso al mercado legal a favor de quienes hayan desarrollado estas actividades ilegales, sus continuadores y sus sucesores.