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Para Codere, la nueva Ley de Juego plantea un “escenario subversivo” del orden establecido

(España).- El presidente de la Fundación Codere, José Antonio Martínez Sampedro, destacó que con lo que denominaron “ley Express” los patrocinios deportivos y otros intereses económicos se ponen por encima del interés general.
24-11-2011
Tiempo de lectura 2:30 min
(España).- El presidente de la Fundación Codere, José Antonio Martínez Sampedro, destacó que con lo que denominaron “ley Express” los patrocinios deportivos y otros intereses económicos se ponen por encima del interés general.

La jornada de presentación del libro “El juego online” reunió a numerosos profesionales y representantes de organismos públicos españoles, como la Comisión Nacional de la Competencia, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Economía y Hacienda.
 
En ese marco, la empresa buscó alertar a las autoridades en materia del juego sobre la necesidad de “revisar” la actual normativa, para evitar poner en riesgo al sector. El encuentro, que contó con la participación de diferentes personalidades y profesionales como Joaquín García Bernaldo de Quirós, presidente de la Comisión Nacional de la Competencia; Juan Junquera Temprano, Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información; Inmaculada Vela Sastre, Directora General de Ordenación del Juego (Ministerio de Economía y Hacienda); José Antonio Martínez Sampedro, Presidente de la Fundación Codere, y  Javier Moscoso del Prado, Presidente del Consejo Editorial de Thomson Reuters, revisó las principales cuestiones que subyacen en el juego online, apoyado en la nueva normativa y considerando las implicaciones mercantiles, fiscales y administrativas que se plasman en el nuevo marco jurídico.

Martínez Sampedro fue muy crítico con la ley del juego recién aprobada, mencionando que “el nuevo escenario es completamente subversivo del orden establecido”. Tras más de 30 años de experiencia nacional e internacional en este sector, Martínez Sampedro señaló que en esta actividad se contaba con unos principios ya reconocidos como la protección al consumidor, alta fiscalidad, limitación de oferta así como su publicidad y una discriminación positiva a favor de LAE y ONCE. Pues bien, en el nuevo modelo, todo cambia.
 
Asimismo, el presidente de la Fundación Codere destacó la presencia de dos modelos con la nueva normativa, el estatal y el autonómico, y puso en entredicho cómo se hará posible dicha coexistencia.

Por último, lanzó una pregunta a la nutrida audiencia que podría resumir su planteamiento crítico a la nueva normativa: “¿será sostenible, desde el punto de vista social, este nuevo modelo de alta liberalización del sector del juego en España?”.

Joaquín García Bernaldo de Quirós, Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, reclamó un “auténtico entorno de competencia para todos los actores” y en la clausura del acto participó Juan Junquera Temprano, quién destacó que con las nuevas tecnologías, ya no hay fronteras y de ahí la importancia de establecer una normativa equilibrada que se adapte a los intereses de todos los agentes del Juego on line en España.
 
Por parte del regulador estatal, intervino Inmaculada Vela Sastre, Directora General de Ordenación del Juego del Ministerio de Economía y Hacienda, se defendió esta nueva normativa como “un revulsivo  frente a la actual crisis económica”  y que permitirá la convergencia entre el online y el offline. Destacó que no sólo se creaba la ley, sino una administración que hiciera cumplir dicha ley.

La relevancia de la Ley del Juego trasciende a la propia ordenación de esta actividad empresarial que representa alrededor del 1% del PBI, que emplea directa e indirectamente a más de 100.000 trabajadores, aporta más de 5.000 millones de euros a las distintas administraciones públicas por la vía de impuestos de juego y otras modalidades tributarias y gestiona, en términos de cantidades jugadas en las diferentes modalidades autorizadas en España, más de 30.000 millones de euros al año.

Las medidas adoptadas en los próximos meses adquieren una vital importancia, no solo por lo mucho que representa el sector en la economía, sino por la continuidad del mismo en los próximos años.

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