“El desarrollo de la industria del juego y su consolidación en el mundo como parte de la del entretenimiento fue producto de la consolidación de marcos jurídicos y una fuerte presencia del Estado regulando los espacios de explotación y el destino de los flujos financieros originados en la actividad. El camino de los aumentos de controles estatales y la fiscalidad resultan la principal base de sustentación de una actividad, que merece tanta atención como la regulación bancaria”, argumenta Peredo.
“Los juegos de azar en la Argentina son regulados por las provincias, en virtud de los poderes delegados por la Nación. Un ejemplo es el artículo 37 de la Constitución provincial, que hace mención a los derechos de los habitantes sobre las utilidades provenientes de los juegos de azar. En Latinoamérica la lucha contra el juego ilegal estipula penas menores dado que está encuadrado como una contravención, es decir, una falta menor”.
“Como ejemplo del camino por recorrer, cabe mencionar que el Código Penal argentino no prevé ni contempla delitos vinculados al juego clandestino (apenas si hay proyectos que descansan en el Congreso). Configurar este ilícito en el fuero penal implicaría ubicar las cosas en su lugar”.
“¿Acaso el juego clandestino no es una estafa o una defraudación? Al fisco y la recaudación impositiva, al sistema de bienestar social, a la generación de empleos y al control del lavado de dinero, entre otras áreas vulneradas. Con el juego ilegal, ¿quién deja de recibir el 45% de la recaudación bruta que aportan las salas de bingos en la provincia de Buenos Aires? El juego ilegal físico convive con el juego on line clandestino, donde los operadores se visten como compañías de apuestas deportivas y tienen de rehenes a los clubes de fútbol con aportes publicitarios, no pagan impuestos y operan desde paraísos fiscales sin contar que tienen a sus empleados en clara precariedad laboral”, enfatiza el ejecutivo de Codere Argentina.
“No es novedad que el juego on line carece de una legislación sólida a nivel mundial y algunos operadores ubicados en paraísos fiscales como Gibraltar quieren disfrazar de “no legal” lo que es ilegal”, finaliza Peredo en su columna.