“Unos 3.000 empleados tienen en riesgo la comida de sus hijos”, expresó el jefe local, quien teme por el futuro de los padres de familia que podrían quedar en la calle a raíz de la sanción aplicada por el ente adscrito al Ministerio de Interior y Justicia por incumplimiento de los artículos 30 y 54 de la Ley para Control de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles.
Fuentes considera que debe haber una alternativa dentro de este proceso de transformación socialista, “para que haya una economía marcada por la equidad y bienestar para todos”. El alcalde destacó que Puerto La Cruz es una ciudad turística, tal como fue aprobado en referéndum, y que el cierre de todos los casinos afectará también la economía del municipio. Prevé que como consecuencia de la medida, el fisco local dejará de percibir alrededor de 8.500.000 de bolívares fuertes (U$S 1.976.744,19) este año.
El presidente de Fedecámaras Anzoátegui, Remo Di Marcantonio, también se refirió a las pérdidas que generará la paralización de la actividad turística y el gran número de familias que se verán perjudicadas. “Además de los trabajadores hay que tomar en cuenta a los proveedores, líneas de taxis y otras empresas que operan aguas abajo”. Espera que haya acuerdos que permitan revertir la sanción, aunque se desconoce si será temporal o definitiva. “Tenemos información de que algunos bingos tenían vencida la licencia para operar, pero ya habían tramitado la renovación. Ojala que impere la ley”, declaró.