España: una decena de salas y bingos canarios estudian despedir a 800 empleados

(España).- La crisis que ha golpeado a todos los sectores económicos no ha dejado fuera al de los bingos y las salas de juego en Canarias. Sus ingresos han disminuido de forma considerable y, desde que se empezaron a sentir los efectos de la recesión, han cerrado un total de ocho negocios en las Islas.
Si hace tres años funcionaban 42 bingos, ahora quedan 34 que prosiguen con la actividad, aunque lo hacen con tantas dificultades que hasta diez salas podrían cerrar antes de terminar este ejercicio económico. En el conjunto del Estado había a finales de 2010 un total de 399 salas, dos menos que el año anterior, cuando desaparecieron 18 bingos. Con todo, Canarias se situó a finales de 2010 como la quinta comunidad autónoma en venta de cartones y llegó a facturar más de 260 millones de euros por este concepto, sólo precedida por la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía, según los datos que maneja el Ministerio del Interior. A las dificultades derivadas de la crisis se le ha unido desde hace seis meses la denominada Ley Antitabaco que parece haberle dado otro golpe al negocio de la hostelería y en particular al de los bingos y salas de juego. Desde el sector se señala que tan sólo en el primer semestre del año se han dejado de facturar siete millones de euros en comparación al mismo período de 2010, lo que significa una merma en el volumen del negocio del 22%. Actualmente, el sector da trabajo a unas 2.800 personas pero cerca de 800 de ellas pueden verse literalmente en la calle si las pérdidas continúan por la misma senda iniciada a principios de año y que ahora confirman las cuentas del primer semestre de 2011. Antonio Vélez, Secretario de la Federación Canaria del Ocio (Fecao), comenta que la nueva norma que prohíbe fumar en los espacios públicos cerrados ha incidido con especial dureza en las salas de juego, siendo los negocios de la provincia de Las Palmas los que más han padecido esta situación de descenso en sus ingresos. No en vano en la provincia oriental aún quedan 20 salas funcionando por las 14 en la de Santa Cruz de Tenerife que continúan con la actividad. Sin embargo, el horizonte de este sector puede cambiar en los próximos meses en el caso de que el Gobierno de Canarias no atienda las peticiones que desde el sector se han hecho para que el Ejecutivo reforme la política fiscal sobre los impuestos directos que se cobra a los bingos, de tal manera que "el actual impuesto que se cobra solo por ejercer la actividad y que asciende a una cantidad de 300.000 euros por sala, se pague en función de lo que se recaude", subraya Vélez. Añade que lo que se pide desde el sector es "que se establezca un tipo de bonificaciones similares a las que ya se han puesto en marcha en comunidades autónomas como la de Castilla-La Mancha". A este respecto, el secretario de la Fecao ha afirmado que en caso de "no aplicarse algún tipo de bonificación en este sentido habrá más salas que cierren y eso implica que al menos entre setenta y ochenta personas por cada uno de esos bingos vaya a engrosar, lamentablemente, las listas del paro", señala. Sobre estas dificultades por las que atraviesa el sector, Antonio Vélez anunció que ya "se ha presentado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará entre 600 y 800 puestos de trabajo" ya que diez salas están al borde de su cierre. El ERE fue presentado en la anterior legislatura, estando como Directora General de Trabajo Sinesia María Medina Ramos, actual concejal de Gáldar por Coalición Canaria. Apunta Vélez que "una modificación en la actual recaudación fiscal que se hace sobre los bingos y salas de juego daría un respiro y se evitaría que cerraran más salas". Con todo, reconoce que "la Ley Antitabaco ha hecho mucho daño a este tipo de negocios pues los clientes no salen a fumar cada poco si están jugando y eso ha hecho que muchos fumadores hayan dejado de acudir a las salas", afirma. Respecto a otros impuestos que pagan las salas de juego están aquellos que gravan las máquinas tragaperras y que también se abonan sin atender a lo que se recauda por ellas. En este sentido, Vélez señaló que los empresarios "pagan por cada una de estas máquinas alrededor del orden de los 2.400 euros, a lo que hay que unir los gastos de mantenimiento, de administración y el personal del servicio técnico". Añade que "muchos empresarios del sector ya se han planteado la retirada de este tipo de máquinas o, al menos gran parte de ellas, ante lo insostenible que se les hace mantenerlas en funcionamiento".