Pedro Sánchez (UCR) no pudo convencer a Gallinger pese a que la discusión tiene la mecánica de doble vuelta y pueda revisarse. El Ejecutivo argumenta que la reforma no representará una baja en la carga impositiva y que se mantendrá un tributo anual de $ 900.000 (U$S 220.046,74) a $ 1.000.000 (U$S 244.498,29). Esta información no pudo ser corroborada en el debate del Concejo.
El sostenimiento o incremento tributario, como argumenta el oficialismo, no parece real si se trata de negociar con Crown en una audiencia conciliatoria por un pedido de inconstitucionalidad.
Además, las especulaciones se generan por falta de proyección de la liquidación que se originaría con el nuevo mecanismo. Lo concreto es que la modificación cambia la figura de "Permiso de juego", desdoblándolo en una tasa por habilitación de local y por inspección del lugar.
La base imponible se modifica, pasando de un cobro por mesa, por tragamonedas o ruleta a la liquidación por la superficie de los locales. Por caso, este sistema permitiría al casino ampliar su número de máquinas con los mismos costos tributarios.
La presente reformulación impositiva, auspiciada por el Poder Ejecutivo, otorga habilitaciones por cinco años y mantiene desde la norma de cobro original una reducción del 50% en el gravamen en la sala del balneario El Cóndor por tratarse de una zona turística.
Hace algunos meses, la empresa atacó el cobro municipal, planteando que el STJ analice si se trata de un impuesto que está cobrando la comuna. Entiende que entraría en contradicción con esquemas impositivos nacionales y provinciales.
Crown cuestionó que a la actual tasa le falta establecer una relación entre la existencia de un servicio (costo de inspección) y la justificación del valor establecido en el canon. Más allá de esta controversia, la gestión Ferreira viene estableciendo acuerdos desde 2005 cuando la empresa aprobó solventar un cajero automático en la villa marítima.