Mauricio Peña, viceministro de la Producción, explicó que el programa incluye capacitación en otras competencias e impulso para acceder, de forma individual o colectiva, a emprendimientos de distinto tipo.
“Estamos esperando que se proclamen los resultados electorales para arrancar el proceso. Estamos trabajando en el mismo con los ministerios de Turismo, Relaciones Laborales y Coordinador de la Producción”, indicó el funcionario.
El proyecto se aplicaría a todos los empleados de los casinos y salas de juego, que según el Gobierno son unas 2.000 personas. Sin embargo, los representantes de estos establecimientos aseguran que son 25.000 personas, que trabajan de forma directa e indirecta.
También podrían verse afectados los empleados de los hoteles en los que funcionan los casinos, debido a que en la mayoría de los casos son inversiones conjuntas. Los empresarios esperan una regulación de la prohibición de estos negocios por lo que estarían dispuestos a colaborar en un proyecto de ley para el caso.
Una de las propuestas que plantearían sería la eliminación de las máquinas tragamonedas y de juego ilegales en el país. “También plantearemos que se establezca un plazo de al menos cinco años para que las empresas a cargo de casinos y salas de juego recuperen su inversión”, indicó Pedro Sánchez, gerente del casino Montecarlo.
Actualmente, un total de 35 casinos están registrados en el Ministerio de Turismo, cuyas inversiones en el país se estima giran alrededor de los 170 millones de dólares.